Durante la dictadura franquista, los presos, tanto políticos como comunes, sufrían las consecuencias de una legislación anticuada y represiva. La Transición tuvo que abordar el cambio hacia un sistema penitenciario que se ajustara a la Constitución, en el que la reinserción social de los reclusos primara sobre el castigo, y en el que se superaran las graves deficiencias de las prisiones.
En ese tiempo, los presos comunes agrupados en la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, iniciaron su movimiento particular. Su gran reivindicación fue lograr una amnistía similar a la que se estaba concediendo a los presos políticos. Junto a ella figuraban otras reivindicaciones como la depuración de jueces y funcionarios de prisiones o la mejora de las condiciones de vida.
El punto de inflexión se produjo en la conocida como la batalla de Carabanchel: un motín el 18 de julio de 1977 y en el que cientos de presos permanecieron cuatro días en el tejado de la prisión. Desde entonces, motines, incendios, huelgas de hambre y autolesiones, fueron noticia casi a diario.
La tensión llegó al límite el 14 de marzo de 1978, cuando el militante de la COPEL Agustín Rueda murió a consecuencia de la paliza propinada por algunos funcionarios en Carabanchel. El día 22, los GRAPO asesinaron al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, con el que se había iniciado un cambio de rumbo para pacificar las cárceles.
Su sucesor, Carlos García Valdés, llevó a la práctica esas líneas de actuación. Atendió algunas de las reivindicaciones de los presos: permisos de salida, visitas vis a vis, traslado de presos al régimen de segundo o tercer grado cuando era posible, etc. Aunque hubo algún episodio espectacular, como la fuga de 45 presos de la cárcel Modelo de Barcelona, el 2 de junio de 1978, las cárceles se fueron pacificando. Además, el apoyo social a la COPEL se esfumó en un país cada vez más preocupado por la inseguridad ciudadana y el orden público.
En septiembre de 1979, el rey sancionó la Ley General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia, prueba de la importancia que las cárceles habían adquirido en los últimos dos años. La transición penitenciaria en España se consolidó y, aunque seguiría habiendo algunos motines y huelgas de hambre, la situación en las cárceles sería ya distinta.
