"La actuación, basada en los informes de los letrados del Senado, es perfectamente lícita", explica el profesor de Derecho Constitucional de la UCM
El Senado ha votado este lunes en contra de la ley que convalida penas cumplidas en otros países europeos y de la que se beneficiarían presos de ETA, por lo que devuelve el proyecto de ley al Congreso. Ignacio Álvarez, profesor Derecho Constitucional de la UCM, considera que este proceso es correcto "desde el punto de vista procedimental", aunque no sea algo habitual: "El hecho de que no se haya utilizado no significa que sea ilegal o inconstitucional en último término. La actuación, basada en los informes de los letrados del Senado, es perfectamente lícita". Una vez se lleve a cabo el procedimiento en el Congreso, el profesor cree que se acabará aprobando.
Insiste, por tanto, en la legitimidad del proceso porque se ampara en la Constitución. "La autonomía parlamentaria de cada una de las Cámaras: tienen la capacidad de aprobar cualesquiera proyecto o, siempre y cuando el ordenamiento lo reconozca, de vetarlo. El reconocimiento del veto a las leyes por parte del Senado de las que provengan del Congreso está también establecido a nivel constitucional", concluye.
