El Tribunal Constitucional ha respaldado gran parte de la ley de Vivienda, justo cuando la norma está a punto de cumplir un año en vigor. El Tribunal de garantías ha anulado varios enunciados en favor de la normativa autonómica, pero avala que el Estado pueda regular el mercado inmobiliario. De la misma manera, mantiene los topes al alquiler e impide, por ejemplo, la venta de parques públicos de vivienda a buitre o a inversores privados. En Las mañanas de RNE, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado que esta decisión del Tribunal no tendrá una repercusión negativa en el mercado inmobiliario: "Creo que no tendrá muchas consecuencias prácticas. Es verdad que deja sin efecto algunos de los puntos que la Comunidad Autónoma de Andalucía argumentaba que entraba en materias que eran competencia de las comunidades autónomas. Pero, en principio, los elementos básicos de la ley no se ven afectados".
Asimismo, José García Montalvo ha comentado que ha pasado poco tiempo para evaluar cómo ha funcionado esta norma. Sin embargo, ha explicado que según los últimos datos de finales del 2023, la oferta de alquileres parece que sigue cayendo y continúa moviéndose el parque de lo que sería el alquiler regular al alquiler de temporada que no está sujeto a esta norma.
También ha abordado la reforma de la Ley del Suelo: "La ley no dice que no hay que hacer estudios de impacto ambiental. Lo que dice es que hay que proporcionar una determinada seguridad jurídica, porque si no es así, no se puede desarrollar el suelo". Para concluir, ha querido recordar que en este momento se forman unas 220.000 mil familias al año y solamente se están construyendo entre 90.000 y 100.000 viviendas.