Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel, comparece hoy en el Senado para defender los derechos de las víctimas de derechos violentos. Todo a raíz de la posible grabación de una serie, un 'true crime', sobre el caso de su hijo. Quiere exponer las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada. En las mañanas de RNE, Antonio Muñoz Vico, presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha explicado que en estos casos entran en conflicto múltiples derechos como el de la información, el de entretenimiento y el de libertad de expresión con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los implicados.
"Lo que dice la Constitución española es que tiene que ser un juez quien pondere qué derechos deben prevalecer caso por caso y atendiendo las circunstancias que concurren", ha asegurado el presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid. Asimismo, ha subrayado que en el año 2010 se realizó una reforma de la ley con el objetivo de proteger la dignidad de las víctimas. Sin embargo, para él es vital que se desarrolle un debate ético y una reflexión profunda sobre ello.
"Existe la posibilidad de interponer lo que se llama medidas cautelares para que un juez pueda decidir si con los indicios que existen se puede paralizar o no un post, una película, un documental o un libro", ha comentado Antonio Muñoz Vico.