La estrategia nacional contra la pobreza energética tiene como objetivo que en 2025 se haya reducido a la mitad o, al menos, un 25% respecto a las cifras de 2017. Sin embargo, según los últimos datos el 9% de los españoles continúa pagando sus facturas con retraso, mientras que un 11% dice no tener su vivienda a una temperatura adecuada.
El bono social únicamente alcanza a 1.200.000 hogares, lo que deja fuera a gran cantidad de casas cuya situación, se calcula, ha debido verse empeorada a causa del encarecimiento de la luz y el gas. El gobierno por su parte ha duplicado el presupuesto para las ayudas a la calefacción y el agua caliente y plantea presentar medidas para ampliar y renovar automáticamente el bono. Aunque los expertos consideran que, dadas las dificultades para recibir la ayuda, lo ideal sería la concesión automática. Informa David Vidueiro.
Vivir a crédito o reducir el gasto en alimentación son las vías que muchas de estas familias afectadas deben seguir. Carmen cobra 700 euros de pensión y aunque es beneficiaria del bono social, su última factura asciende a 190 euros. Todo ello sumado a un alquiler de 400 euros, le llevan a tener que limitar su vida y a buscar ayuda en organizaciones como Cruz Roja para poder gestionar las facturas. Informa Minerva Oso.
