La vivienda es uno de los grandes problemas de este país, pero algunos colectivos, como el de las personas inmigrantes, lo tienen todavía más complicado. En su caso, además, la falta de un piso o de una casa supone un problema añadido a la hora de empadronarse. Inscribirse en el padrón es fundamental para acceder a la mayoría de servicios municipales como las prestaciones sociales, la atención médica o la educación, y la puerta para regularizar su situación administrativa. Los Ayuntamientos están obligados por ley, pero mucho de ellos incumplen sistemáticamente su obligación de empadronar a las personas que residen en el municipio. Lo confirma un estudio de la Fundación FICAT y la Coordinadora Obrim Fronteres. En muchos casos, viven en lugares con muchos inquilinos, solo están temporalmente porque son trabajadoras domésticas internas o incluso deben pagar por empadronarse un mínimo de 300 euros. Casos que muestran como las instituciones pueden crear barreras que agudizan aun más la precariedad de las personas migrantes.
Informa Minerva Oso
