El Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso de amparo que presentó la organización Women’s Link, representando a Antonia, una mujer a la que el Servicio Murciano de Salud negó información sobre la anomalía que sufría el feto, lo que impidió que accediera a una interrupción del embarazo en condiciones dignas.
Estefanny Molina, abogada de Women's Link, ha dicho en Las mañanas de RNE que su organización ya ha recibido la notificación de la admisión a trámite. "El Tribunal Constitucional ha considerado que se trata de un problema que afecta a un derecho fundamental sobre el cual no hay doctrina previa y tiene relevancia constitucional", explica.
Y cuenta que aún hay obstáculos al aborto en España que hace que muchas mujeres no puedan acceder sin discriminación. "En los últimos años hemos identificado varias barreras de acceso al aborto. Hay una objeción de conciencia generalizada, incluso de hospitales enteros y comunidades autónomas enteras. Hay discriminación geográfica, muchas mujeres son obligadas a desplazarse a kilómetros de su lugar de residencia", denuncia. Según el Ministerio de Sanidad, en 2014 las regiones de Murcia, Aragón, Castilla y León y Castilla - La Mancha, no realizaron abortos en el sistema público. "En 2019 12 provincias no notificaron ningún aborto en su territorio. Esto quiere decir que las mujeres tuvieron que desplazarse. Es muy grave." Hay un gran desequilibrio, a pesar de que la legislación es para todo el país. "La ley es bastante buena porque reconoce el derecho al aborto como un derecho fundamental, pero vemos que hay disparidades en algunos territorios. Es obligación del Estado garantizar el aborto esté disponible ne los servicios públicos de salud. La ley es muy clara en ese sentido. Dice que la prestación se hará en los servicios púhlbicos de salud y excepcionamente en clínicas privadas. La excepción se ha convertido en la regla general", ha explicado.
