La salud mental se ha convertido en uno de los principales retos del siglo XXI para nuestro sistema nacional de salud. El Gobierno ha destinado este año 43 millones de euros para esta materia, una cifra récord. Pero, ¿este dinero está bien distrubuido? El 47% de esta partida -que se reparte entre las comunidades autónomas- va destinada a pagar la prescripción de medicamentos por la Seguridad Social y a las bajas laborales por estrés y ansiedad. Es decir, cuando el trastorno mental ya es tan severo que requiere una solución, para los expertos, drástica. Sin embargo, este dinero no se invierte en mejorar los servicios y los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Y claro, hablamos de interminables listas de espera para recibir tratamiento. Hay quien tiene un poco más de suerte con los profesionales de la Sanidad Pública, pero la aternativa es acudir a las consultas privadas, algo que no todo el mundo se puede permitir.
Es por eso que desde la Sociedad Española de Psicología Clínica advierten de que el género, el lugar de residencia y los recursos económicos condicionan el acceso de los ciudadanos a la atención de salud mental. Charlamos sobre este asunto con Juan Antequera, psicólogo clínico del SERMAS y vicepresidente de la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica. Recuerda que en España hay 1 psicólogo clínico por cada 100.000 habitantes. Solo 1 de cada 10 personas diagnosticadas con depresión accede a psicoterapia en la sanidad pública y conseguir una cita es misión casi imposible. En el caso de los pacientes con trastornos mentales más graves, la mayor parte son atendidos en la sanidad pública, aunque se encuentran con demoras en los tiempos que tienden a cronificar y empeorar su pronóstico. Y los que no pueden acceder a la sanidad pública, ¿qué hacen?. Los que pueden costearlo, acuden a las consultas privadas. Estamos hablando de 560 euros al mes, de media, si las sesiones son varias veces a la semana. O, lo que es lo mismo, entre un 30% y un 40% de los ingresos mensuales de una persona. Antequera sentencia: "Si tienes menos recursos económicos, está demostrado que tienes más posibilidades de tener un problema de salud mental y menos recursos para acceder a un tratamiento".
En este reportaje os contamos la historia de Javier, diagnosticado con psicosis y, además, con una discapacidad: parálisis cerebral motora. Denuncia que no puede acceder al sistema público de salud de manera continuada: "Las visitas con el psiquiatra son cada 4 meses y con el psicólogo apenas he tenido contacto. Menos mal que desde la asociación Alusámen, una organización del humilde barrio madrileño de Puente de Vallecas, me prestan apoyo psicológico a mí y a muchos pacientes que no pueden acceder a la sanidad pública".
David, por su parte, sí que dio con buenos profesionales en la sanidad pública. Está diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo crónico y con Trastorno Límite de Personalidad. Su enfermedad, al ser considerda grave y al haber tenido varios episodios muy críticos, sí que ha podido tratarse en los centros de salud mental del Sistema Público de Salud. "Mi psicóloga y mi psiquiatra me salvaron la vida. Yo he estado a punto de suicidarme, creía que querían matarme, creía que me espiaban, que me escuchaban, llegué a estar fuera de mí. Y ellas me ayudaron, al igual que hizo mi grupo de apoyo y la asociación Alusámen", afirma David.
Finalmente, los expertos quieren lanzar un mensaje en este día: "Si entendemos la salud física como un derecho, no hay razón para que la salud mental no lo sea también".
