El mapa nacional de zonas inundables, del MITECO, es información pública al acceso de toda la población pero muy pocos lo saben, se lamenta el catedrático de Hidráulica de la universidad politécnica de Valencia Félix Francés. Es una de las herramientas de que disponen las administraciones para prevenir desastres como la DANA que ha arrasado numerosas localidades de la comunidad valenciana. El PATRICOVA, de la Generalitat, es otra, recuerda la catedrática de Geografía Física de la Universidad de Valencia, Ana Camarasa, y los PAMRI, (planes municipales de prevención de riesgos) se suman a las anteriores, señala Ferrán Dalmau, ingeniero forestal al frente de MEDI XXI, consultora medioambiental que asesora a los ayuntamientos para elaborar esos planes. Pero toda esa información ha sido insuficiente a pesar de que es básica para la toma de decisiones. Entre otras cosas, porque no partimos de terreno virgen. Según el segundo ciclo de los PGRI (planes de gestión de riesgo de inundación del MITECO), de 2021, casi 3 millones de personas viven en zonas de alto riesgo en nuestro país y a veces hay que tomar decisiones valientes, como cambiar el curso del Turia tras la riada de 1957, recuerda la catedrática Camarasa. Otras actuaciones pueden ser los tanques de tormentas, permeabilizar el suelo urbano actualmente muy hormigonado o hacer embalses de laminación en el curso alto de los ríos que regulen las avenidas. Pero esas infraestructuras pueden dar sensación de falsa seguridad. La medida más eficaz es la prevención y la información transparente y rigurosa. Solo la población informada y unas administraciones con planes de emergencia listos y engrasados para funcionar ante la primera señal de alarma podrán ahorrar daños y salvar vidas. Luisa Pérez.
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11/11/2024
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