Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha comentado “la inseguridad jurídica” tras el fin del estado de alarma. “Quizá se debería haber reformado con seriedad la ley orgánica 3.86 de Sanidad Pública porque estamos en unas circunstancias que la ley no prevé, como la pandemia”, ha comentado en el programa Parlamento de RNE.
“El problema es que cuando se limitan o restringen derechos fundamentales, aunque sea por una razón tan grave como la Salud Pública, los jueces, que son los garantes de los derechos fundamentales, tienen que intervenir, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Y cuando las consejerías de Sanidad publiquen los decretos correspondientes de limitación de derechos los jueces tienen que tener muy justificadas esas limitaciones”, ha explicado.
