IÑAKI DÍEZ (Corresponsal de RNE en Roma). Morir de cáncer o de hambre. Es la dicotomía a la que se enfrentan los habitantes de Taranto, una ciudad industrial del sur de Italia.
El juez de instrucción ha decretado la suspensión de actividades de la acería ILVA por los serios problemas para la salud que provocan sus actividades. Las investigaciones señalan a esta empresa como la causante de buena parte de los tumores. En la zona, el cáncer es un 15% superior a la media de Italia. En el caso del de pulmón, el porcentaje se dispara hasta el 30%.
Pero ILVA tiene 12.000 trabajadores. La carretera estatal 7, la Appia, que une Taranto con Brindisi, se ha convertido en el escenario de las protestas: los empleados cortan el tráfico unas horas para volver rápido a su puesto, no sea que se haya ejecutado la orden judicial en su ausencia.
Entre el polvo negro de las escorias emergen las divisiones: entre los habitantes, entre los sindicatos, los trabajadores e incluso las instituciones. El Gobierno asegura que el juez no es competente para decretar el cese de la actividad.
Hasta el Iglesia ha entrado en el conflicto. El arzobispo de Taranto, Filippo Santoro, asegura que el decreto judicial evidencia la contaminación dañina que sufre la ciudad desde hace años, pero también la gente teme por su puesto de trabajo.
Los ministros de Trabajo, Desarrollo Económico y Medio ambiente serán los embajadores de Monti en la ciudad. La visitarán el viernes para pisar el terreno del miedo antes de que el Ejecutivo adopte alguna medida.
