Gente sin casa

El estallido de la burbuja especulativa financiera en el sector inmobiliario y los excesos urbanísticos han dejado un gran número de viviendas por terminar o por vender pero también ha supuesto una crisis habitacional.

Seis años después del estallido de la burbuja, la crisis económica ha provocado una media de un 25% de desempleo y que muchas familias, al no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca o el alquiler, hayan perdido su casa. Esto sucede en medio de una gran paradoja: mientras hay gente desahuciada que no tienen una alternativa de alojamiento asequible, las viviendas vacías se cuentan por millones.

Según estima el Instituto Nacional de Estadística tras una encuesta realizada en 2011, en España hay casi tres millones y medio de casas vacías. Y por lo que informa el Banco de España, unas 40.000 familias perdieron su vivienda principal en 2013. En los países vecinos europeos, existen desde hace tiempo normativas que penalizan las casas vacías pero en España solo recientemente algunas leyes de vivienda autonómicas contemplan esa posibilidad. Por ejemplo, la ley de vivienda catalana aprobada en 2007 prevé la realización de un censo de vivienda vacía y que se tomen medidas sobre las viviendas que llevan más de dos años desocupadas sin justificación.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha emprendido varias campañas contra la vivienda vacía en las ciudades donde hay una gran demanda insatisfecha de alquiler social. “Es incomprensible que la gente esté en la calle, esté sin casa, y las casas estén vacías solo para especular,” declara Alicia Gómez, miembro la PAH en la ciudad de Terrassa, que ha sido el primer ayuntamiento en intervenir.

Debido a la escasez de vivienda a precios asequibles, la SAREB, conocida popularmente como el banco malo, ha recibido constantes reclamaciones para que ponga a disposición parte de su parque de viviendas en régimen de alquiler social bajo el argumento de que está participada con capital del Estado. En 2012, cuando fue creada por el Gobierno para comercializar los activos problemáticos procedentes de las entidades financieras recapitalizadas con dinero público, adquirió 89.000 viviendas, muchas de ellas llevaban vacías varios años. Tras un convenio con la Generalitat de Cataluña, la SAREB ha terminado por ceder en julio de 2014 y de forma temporal 600 pisos a la administración catalana.