Sinopsis
El Gobierno de Canarias quiere seguir adelante con las negociaciones para encontrar una solución que permita la permanencia en sus puestos de trabajo de los cerca de 4.000 temporales de la Administración General de la Comunidad Autónoma que están presuntamente en fraude de Ley y que llevan cinco meses de movilizaciones. Así lo aseguró en El Debate de la 1 en Canarias la directora general de la función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas, Laura Martín, quien descartó presiones externas para que no se firmara el viernes 30 de abril el acuerdo al que habían llegado con el comité de huelga.
Explicó que "no hay oposición a la firma" y prueba de ello es que se había distribuido. "No hay reserva del contenido del acuerdo". El problema fue que "pensábamos que íbamos a obtener en tiempo y forma el típico informe jurídico que se necesita para firmar un acuerdo. No lo tuvimos en tiempo y forma y, efectivamente, tuvimos que la firma". No obstante confía en que en diez o doce días "se pueda ratificar".
En cuanto a su contenido señala que "recoge cuatro líneas". El primer objetivo es "que todos estamos de acuerdo en avanzar en la permanencia del personal que se encuentra en temporalidad en la Comunidad Autónoma". Para ello un grupo de trabajo "iba a proceder a identificar a las personas que se declaran en abuso de temporalidad". En otro grupo, señaló, "estudiaríamos las vías jurídicas, mecanismos administrativos legales o cualquier fórmula que permitiera que legalmente se pudiera alcanzar esa fijeza, que ellos y nosotros anhelamos", aseguró.
Por ello pidió que, aunque no se haya ratificado, deberían empezar a trabajar las mesas. Sin embargo una de las afectadas, y la asesora del Comité de Huelga del Personal de la Administración Autonómica, Concepción Macías, señaló que "no dudamos que va a llegar ese informe, no dudamos que se va a firmar ese acuerdo, pero mientras no haya acuerdo nosotros no podemos estar trabajando en unos grupos de trabajo que están contenidos en un acuerdo que no se ha firmado". "Si no se firma", aseguró, "todo lo que está en un acuerdo decae".
En ese sentido indicó que las movilizaciones van a continuar, que el mismo jueves hubo concentración ante Presidencia, que el domingo habrá caravana de coches, que el lunes volverán las concentraciones a los centros de trabajo y el martes los paros parciales. Luego los días 24, 25 y 26 de mayo habrá paros generales.
Concepción Macías recordó que "nosotros no pedimos en ningún momento que se nos nombre funcionarios de carrera ni laborales fijos. nosotros lo que estamos pidiendo es la permanencia en el puesto de trabajo. Somos nosotros los abusados, los que estamos en fraude de ley y no tenemos la culpa de que el estado español no haya traspuesto la Directiva comunitaria al ordenamiento jurídico nacional", recordando que los tribunales europeos han dado la razón a los trabajadores.
La directora general señaló que uno de los problemas para regular la situación "son los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito, ya que además no todo el mundo entró de igual forma". Se preguntó "cuántos de esos 4.000 trabajadores se han presentado a pruebas? Yo no lo sé", por eso las mesas de trabajo.
Si piensa que una solución puede ser la planteada por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, para acabar con el problema generado por el abuso de temporalidad de las administraciones. Serían personal fijo a extinguir, que no se cubriría en el futuro. Pero entiende que ello pasaría por una Ley nacional, tal como ha solicitado el Gobierno de Canarias al ministro Miquel Iceta, que también se ha mostrado partidario de buscar una solución definitiva, una regularización final para este tema.
En el programa intervino también el abogado Manuel Martos, quien ha conseguido una sentencia pionera, a cargo del Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que declara interino fijo temporal a un trabajador que llevaba 23 años trabajando para la Consejería de Transición Ecológica y que había conseguido con antelación ser indefinido no fijo. Este abogado entiende que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene mecanismos para regularizar la situación de los temporales sin tener que esperar por las leyes nacionales.
En El Debate se habló también de la situación de los médicos especialistas, unos 2.000 el 80% del total, que están en una situación similar. Han retomado las movilizaciones al entender que la Consejería de Sanidad incumplió un acuerdo que tenía con ellos, pese a que a última hora había suspendido la OPE.
En España se cree que hay entre 700.000 y 800.000 temporales en todas las administraciones públicas. El ministro de Función Pública ha señalado que en tres años la situación debe estar regularizada y que de un porcentaje actual de temporales cercanos al 40% se tendrá que pasar como mucho al 8% y que además no podrán permanecer más de tres años sin que se convoquen las plazas.
