Sinopsis
Canarias no tiene recursos materiales, personales ni económicos para poder atender en condiciones al cada vez mayor número de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) que actualmente están colapsando la red de acogida en las islas, tanto del Gobierno de Canarias como de los cabildos. Así lo puso de manifiesto en El Debate de la 1 en Canarias la directora general de Protección del Menor de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, quien manifestó que la posibilidad de "devolución de las competencias de acogida al Estado "está sobre la mesa, ya que estamos en una situación excepcional y la comunidad autónoma sola no puede asimilarla". Indicó que Canarias siempre ha tenido entre 1.000 y 1.500 menores tutelados y que la red de acogida estaba dimensionada para ello. En estos momentos, sin embargo, debido a la acogida de 2.700 MENAS, Canarias tiene tutelados unos 4.500 menores.
Por su parte la Fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, defendió la actuación de la Fiscalía para reconocer o no si algunos de los llegados son menores o no. Señaló que en el caso de Tenerife, donde un amplio grupo alegó ser menor después de estar acogidos en un hotel en Puerto de la Cruz y cuando iban a ser trasladados al Centro de Las Canteras se ha seguido ese procedimiento. "La Fiscalía de Tenerife va a analizar caso por caso, en el caso de que exista duda de que sean menores", aunque hasta ahora no tienen datos que les lleven a pensar que sea así. "El mero hecho de que alguien alegue que tiene una minoría de edad o que se presente un documento, un papel como ellos dicen, o un certificado., eso no es prueba suficiente para generar una duda a posteriori después de haber estado alojados en hoteles gestionados por las ON'S", indicó.
En ese sentido señaló que el Protocolo que siguen con las ONGs es que ene l caso de que ellos constaten la existencia de un posible menor de edad, nos lo hagan saber a través de un informe fundado, hecho pro trabajadores sociales. Con esa documentación habrá que acreditar que ese chico es el que está filiado por la Policía. Se pedirá a la ONG que justifique sus argumentos y se podrá oír al menor en Fiscalía, acompañado de intérprete". Con esa actuación y en el caso de que quepa la duda "se abre expediente de determinación de la edad y se envía a un centro de menores hasta que se determine la edad".
La fiscal considera que la coordinación entre las distintas administraciones, que tiene encomendada la Fiscalía, "funciona, que nunca ha fallado" y que el problema es "la falta de previsión y medios".
Si se mostró crítica con la situación que se dio en el muelle de Arguineguín, reconoció que hay muchos menores que ni siquiera están filiados e indicó que la Policía, muchas veces para evitarse problemas, pone en la ficha lo que le dicen los que llegan: que son menores, aunque no lo sean. En ese sentido ha señalado que ella ha tenido delante a un joven de 25 años que decía que era menor.
Por su parte la directora general de Protección del Menor indicó que ellos tienen la certeza que de los 2.700 acogidos en centros de menores puede haber unos 300 que superan los 25 años y otros 300 que ofrecen dudas, ya que son jóvenes, pero posiblemente no menores.
Precisamente esos grupos son los primeros a los que se les están haciendo las pruebas, que van con bastante retraso. Sin embargo, esa situación no es achacable al Instituto de Medicina Legal. según señaló Leila Medina, jefe de Sección de Análisis y Nuevas Tecnologías del centro. "A nosotros nos viene con las pruebas óseas ya hechas y nosotros emitimos los informes en base a ellas y a los reconocimientos que realizamos"- Sí que han tenido que aumentar el personal. "En la Unidad de Detección de Edad antes éramos 3 y ahora somos seis. El problema no es que no haya médicos forenses, y también se han incrementado los días de consultas".
La fiscal también corrigió al Diputado del Común en Canarias señalando que no hay que pedir cambios en la Ley de la Extranjería para que se le permisos de residencia a los menores cuando llegan a los 18 años, ya que eso ya se hace y no están en "el limbo". "Todo menor no acompañados tienen derecho al permiso de residencia, incluso antes de tener 18 años", señaló. Es más, añadió que cuando llegan con 15 y 16 años, "y están dos años tutelados, tienen incluso derecho a la nacionalidad".
Sobre los centros de acogida, Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria señaló que "si no se producen trasladados a la Península, no se podrá mantener la calidad de atención a los menores en Canarias". Indicó que el Cabildo de Gran canaria, el que más acoge, tiene en su red a 200 MENAS, en hogares que diez menores o en establecimientos de 20. Con la crisis migratoria abrió seis recursos más, pero en alguna ocasión ha llegado a tener que acoger a 60 ó 70 en lugares previstos sólo para 20. Por ello considera que es imposible tener centros de calidad "donde se tienen que escolarizar a los menores, incluirlos en actividades extraescolares, en equipos deportivos, etcétera" con unos centros masificados. Ello, además del coste económico que supone. "La FECAI ha acordado hacer un reparto equitativo entre las islas, según sus recursos, pero eso no es suficiente", añadió,
Prueba de esa situación es que el Gobierno de Canarias tuvo que crear sólo el año pasado "29 dispositivos de emergencia" en Gran canaria, Tenerife y Fuerteventura, en los que acoger a 2.100 MENAS (los otros hasta 2.700 están en centros de los cabildos). Eso se hizo al constatar que "al saturarse las redes de los cabildos". La directora general señala que se están buscando fórmulas para aliviar la situación, como el traslado a otras comunidades autónomas. Sin embargo, de los entre 500 y 800 menores que preveían trasladar, "probablemente al final se llegue sólo a los 200, pero será un desahogo".
