Desde el Gobierno, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado pronunciarse sobre el papel de Dívar y del CGPJ por "respeto a la separación de poderes y la independencia judicial", el mismo que ha manifestado hacia el archivo de la querella por parte del Supremo, "que ha señalado que la actuación no ha sido delictiva". Sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, que podría implicar reducir a cinco el número de miembros del CGPJ liberados, ha dicho no poder concretarlo hasta que se apruebe en Consejo de Ministros, pero sí ha recordado que el Gobierno ha impulsado "mecanismos similares" en otros consejos de instituciones públicas, como el Consejo de Administración de RTVE, donde solo el presidente tendrá un sueldo y el resto de consejeros cobrarán dietas por asistencia a reuniones.
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