Derecho a la verdad

El gobierno vasco ha empezado a entregar a familiares de víctimas de atentados de ETA no resueltos los llamados "cuadernos de la memoria". Son dosieres personalizados en los que se recopila toda la información policial y judicial que se ha encontrado de cada uno de ellos. Informe Semanal ha hablado con tres familiares de víctimas para las que aún no ha llegado la justicia y que reclaman su derecho a conocer la verdad. Una de ellas es Marimar Negro. ETA asesinó a su padre, Alberto, en 1978 con la explosión de una bomba colocada en un reactor de la central nuclear de Lemóniz. "Ha sido la primera vez que el Gobierno vasco se ha dirigido a mi padre y a todas las víctimas que estábamos allí como personas asesinadas por una banda terrorista y que su lenguaje no ha tenido ningún tipo de ambigüedad", nos cuenta e insiste en que quiere saber quién fue el asesino.

El número de atentados de ETA no esclarecidos era en 2011 de 324. De ellos se han reabierto 150, según estimaciones de la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Carmen Ladrón de Guevara, que lleva 16 años revisando sumarios. Asegura que "muchas veces se identifica reabrir un caso con resolverlo" y que no es necesariamente así, pero que lo que se consigue es ganar tiempo para intentar hacer justicia. "En algunos casos la importancia de esa reapertura está en que la actuación procesal puede interrumpir la prescripción y que nos hace ganar un margen amplio", afirma.

Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, menciona entre las causas que dificultaron las investigaciones la falta de colaboración de algunos países y también el miedo de los testigos que presenciaron algunos de esos crímenes. Se añade además la carencia de medios de investigación no disponibles hasta épocas muy recientes. "Había pruebas periciales no desarrolladas como el ADN y había mucho material que no se recogía porque no se sabía que había que recoger o que directamente se perdió", afirma el fiscal Marcelo Azcárraga, que coordina la unidad de delitos no resueltos de terrorismo, creada en 2018 en la Audiencia Nacional.