Sinopsis
Mientras la sociedad intentaba asumir la falta de normalidad y había un constante goteo de fallecidos, algunos empresarios se reinventaron para suplir las necesidades de material sanitario. Otros, sin tener ninguna relación con el sector, trataron simplemente de sacar tajada de la situación de emergencia. La desesperación de las administraciones fue tal que el Gobierno levantó los controles habituales y se dieron por buenos, incluso, contratos verbales. Casi un tercio del material comprado fue defectuoso o, directamente, nunca llegó. Hubo estafas y comisiones desorbitadas. Como explica Daniel Basteiro, de Infolibre, "por una parte, abrió la posibilidad a que pillos, jetas, corruptos o delincuentes se aprovecharan del sistema. Pero, al mismo tiempo, permitió una flexibilidad muy necesaria en tiempos de pandemia en la que, recordemos, una mascarilla podía salvar una vida".
Se calcula que las distintas administraciones hicieron más de 600 adjudicaciones y gastaron más de seis mil millones de euros en comprar material sanitario. Varios informes del Tribunal de Cuentas han auditado esas contrataciones. Las cifras que se manejaron fueron muy diversas. Borja Negrete, de El Confidencial, señala que "hubo, por ejemplo, una empresa en Extremadura que vendió con precios diferentes las mismas mascarillas FPP3 el mismo día a la misma comunidad autónoma. El Tribunal de Cuentas concluyó que el ayuntamiento de Madrid había pagado las mascarillas más caras a lo largo de toda la campaña". Hubo una cantidad enorme de contratos moviéndose sin un control riguroso. Destaca, entre todos, el que ha alimentado el 'Caso Koldo', que lleva el nombre de un asesor del exministro José Luis Ábalos -que está imputado por el Supremo- y que parece ser la punta del iceberg de una macrocausa judicial, ahora mismo en los tribunales. Gema García, de La Razón, apunta que "lo que se investiga, en este caso, es si hubo un concierto, si existió una presunta organización criminal en el seno del Ministerio que dirigía Ábalos".
