Sinopsis
Es la pregunta que se hacen una y otra vez los familiares de las 13 víctimas mortales del incendio que arrasó dos discotecas de La Atalaya, una zona de ocio de Murcia. Jairo Antonio Correo perdió a su hija Paula, falleció la noche del sábado al domingo junto a su novio Kevin dentro de ‘Fonda Milagros’, un local convertido en una ratonera que no contaba con licencia propia: "Por qué tuvieron que morir estas personas... mi hija... mi yerno. Por qué tuvieron que morir por algo que no tenía por qué suceder... se supone que iban a un sitio a divertirse, no a morir...". Ahora, se investigan las negligencias que claramente se han acumulado en este caso y que han llevado al ayuntamiento de Murcia a suspender a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de la orden de cierre que pesaba sobre la discoteca Teatre, que originalmente ocupaba todo el espacio antes de dividirse en dos. Otra sala contigua, Golden, ya ha sido cerrada y están siendo revisados los expedientes de otros muchos establecimientos de ocio nocturno.
"El fuego se extendió por la parte superior de ambos locales", explica el subinspector Diego Seral, portavoz de la Policía Municipal de Murcia, "y será la policía científica la que determine el origen del fuego". El juzgado de instrucción número 3 de la Región ha abierto diligencias por 13 homicidios imprudentes y, por eso, los responsables de los locales involucrados se han apresurado a poner el caso en manos de sus abogados.
José María Caballero, que representa a Teatre, asegura que "desde el momento que se pidió el cese de actividad, se acreditó que lo que se pedía sí lo tenía y es, por ello, que se le ha dejado continuar con la actividad a la espera de la licencia ". Francisco Javier López, letrado de Fonda Milagros, por su parte, defiende que a su cliente "nunca se la ha notificado ninguna deficiencia empresarial. ¡Jamás! Nadie del ayuntamiento ni de ningún organismo público se ha puesto en contacto con él para decirle que tenía que suplir deficiencias o que tiene que pedir una licencia aparte".
Así las cosas, los familiares de las víctimas, ven la situación complicada. Pedro López Graña, abogado de dos de las víctimas, dice que "una cosa es la cuestión administrativa y otra cosa, la cuestión de la responsabilidad tanto civil, penal como de cualquier índole... porque el no tener la notificación de la orden de cierre no exime de dar cumplimiento a los requisitos, especialmente de contraincendios, de evacuación, de luces de emergencia, etc."
