Sinopsis
La salud arrebatada
"Estoy como en un cuerpo de una persona de 81 años. No podemos trabajar. No nos creen. No es cuestión de animarme, qué más quisiera... es que no puedo, no puedo...". Es uno de los desgarradores testimonios de enfermos con "Covid persistente". Está entre todas esas personas que lloran de alegría cuando encuentran a un especialista que les entiende y pone nombre a sus dolencias. Cinco años después de que la pandemia golpeara nuestras vidas, sigue sin existir un registro oficial de pacientes ni una única sintomatología. La doctora Lourdes Mateu, directora de la Unidad de "Covid persistente" del Hospital Germans Trías i Pujol explica una de las razones: "si yo tuviese un marcador que pudiese hacer una analítica y decir "este paciente tiene y este no lo tiene", sería mucho más fácil, pero a día de hoy es exclusión. Los pacientes tienen muchos síntomas, que coinciden a veces con otras enfermedades y es difícil reconocerlo".
La fatiga crónica, la niebla mental, los problemas cardíacos y neurocognitivos son los síntomas más frecuentes. Los testimonios de dos personas tratadas en ese hospital de Badalona, en una unidad multidisciplinar que es pionera, explican lo invalidante que resulta esta enfermedad. Ana era pianista y ya no puede tocar. Adelgazó más de 12 kilos y ha tenido que readaptar toda su vida. Laura tiene 15 años y, desde los 10, vive con "Covid persistente".
A día de hoy, no existe un tratamiento específico, pero sí terapias que pueden mejorar su calidad de vida, como la rehabilitación que desarrollan en el Germans Trías. Alberto, fisioterapeuta, cuenta que "el objetivo principal es que aprendan a convivir con su sintomatología y, con el tiempo, mejorar sus aptitudes". La enfermedad impide trabajar a muchas personas y supone un problema social y un gasto económico. Por eso, Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de Investigacion en Covid Persistente, defiende que "es muy importante que se incluya, en estos momentos, dentro de las enfermedades crónicas".
El negocio de las mascarillas
Mientras la sociedad intentaba asumir la falta de normalidad y había un constante goteo de fallecidos, algunos empresarios se reinventaron para suplir las necesidades de material sanitario. Otros, sin tener ninguna relación con el sector, trataron simplemente de sacar tajada de la situación de emergencia. La desesperación de las administraciones fue tal que el Gobierno levantó los controles habituales y se dieron por buenos, incluso, contratos verbales. Casi un tercio del material comprado fue defectuoso o, directamente, nunca llegó. Hubo estafas y comisiones desorbitadas. Como explica Daniel Basteiro, de Infolibre, "por una parte, abrió la posibilidad a que pillos, jetas, corruptos o delincuentes se aprovecharan del sistema. Pero, al mismo tiempo, permitió una flexibilidad muy necesaria en tiempos de pandemia en la que, recordemos, una mascarilla podía salvar una vida".
Se calcula que las distintas administraciones hicieron más de 600 adjudicaciones y gastaron más de seis mil millones de euros en comprar material sanitario. Varios informes del Tribunal de Cuentas han auditado esas contrataciones. Las cifras que se manejaron fueron muy diversas. Borja Negrete, de El Confidencial, señala que "hubo, por ejemplo, una empresa en Extremadura que vendió con precios diferentes las mismas mascarillas FPP3 el mismo día a la misma comunidad autónoma. El Tribunal de Cuentas concluyó que el ayuntamiento de Madrid había pagado las mascarillas más caras a lo largo de toda la campaña". Hubo una cantidad enorme de contratos moviéndose sin un control riguroso. Destaca, entre todos, el que ha alimentado el 'Caso Koldo', que lleva el nombre de un asesor del exministro José Luis Ábalos -que está imputado por el Supremo- y que parece ser la punta del iceberg de una macrocausa judicial, ahora mismo en los tribunales. Gema García, de La Razón, apunta que "lo que se investiga, en este caso, es si hubo un concierto, si existió una presunta organización criminal en el seno del Ministerio que dirigía Ábalos".
Los mayores olvidados
Hasta esta misma semana, cinco años después, aún continúa la guerra de cifras por muertos en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Según datos oficiales, hubo más de 20.000 muertos en toda España durante aquella primavera distópica, sobre todo en Madrid y Barcelona.
En la comunidad madrileña, entre marzo y abril, unos 9.500. La mayoría, no derivados a hospitales. La Comisión Ciudadana por la Verdad, que aglutina a familiares de fallecidos, denuncia que, entre marzo y abril del 2020, 7.291 de sus mayores fueron víctimas del coronavirus, de sus derivadas y de los llamados "protocolos de la vergüenza". El gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso solo habla de 4.100, que coincide con el dato del INE referido únicamente a los fallecidos por Covid entre marzo y julio.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión, José Antonio Martín Pallín, es contundente: "hubo protocolos que discriminaban por razón de enfermedad y discapacidad. Tienen un matiz que algunos científicos llaman racismo científico… y que dio lugar a que muchísimas personas no fueran derivadas, estando incluso en unas condiciones de salud física inmejorables",
El trabajo del fotoperiodista Santi Palacios sirve para analizar el drama de los mayores que vivían, entonces, en residencias catalanas. Y el que también sufrieron sus familiares, que no pudieron acompañarles: "he trabajado en muchos contextos de emergencia y nunca pensé que trabajar en las residencias fuera a impactarme de esa manera. Había mucho miedo, había mucha sensación de soledad por parte de quienes estaban trabajando para cuidar a las personas mayores"
