Hemos viajado a la tierra de los indígenas asháninkas de la amazonía peruana. Actualmente se calcula que hay unos 50.000, aunque aún no se ha establecido ni un censo ni un mapa para establecer cuántos son y dónde viven. Informe Semanal hizo un recorrido por las riberas del Río ENE, en el corazón de la amazonía peruana, donde están establecidas unas 33 comunidades asháninkas. Su situación es muy precaria. Olvidados por el centralismo limeño, los resguardos asháninkas sobreviven plantando yuca y plátano, y pescando lo que les da el río Ene. No ven, ni por asomo, ese progreso económico sostenido que ha tenido Perú desde el año 2000, y que ha permitido un crecimiento medio superior al 6%. El despegue económico del país se ha basado en una economía extractiva, en la exportación de gas, petróleo y minerales. Muchos de esos recursos los extraen las empresas transnacionales de los territorios indígenas. Los asháninkas sobrevivieron al virreinato español, y más tarde, a la guerra entre el Estado peruano y la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad estableció que ese conflicto provocó 6.000 muertos, 15.000 desplazados y unos 5.000 asháninkas secuestrados y cautivos en los campamentos de Sendero. Hoy hay nuevas amenazas: la actividad de las multinacionales extranjeras, empresas mineras, petroleras, o madereras, que explotan los recursos sin ningún tipo de respeto, en muchas ocasiones, por los daños medioambientales; los narcotraficantes que, coaligados con los reductos de Sendero Luminoso, recorren el río para sacar la cocaína que se produce en la zona; el propio ejército que llegó para combartir a los narcotraficantes, y que desconfía de los indígenas porque los considera aliados de Sendero y de los narcotraficantes. Ruth Buendía, la líder de los asháninkas, ha logrado frenar la construcción de una central hidroeléctrica en el río, que hubiera supuesto la inundación de varios territorios indígenas y el desplazamiento forzado de unos 10.000 asháninkas. Pero el temor sigue ahí, porque Ruth y su gente están convencidos de que el Estado peruano sigue priorizando la concesión de proyectos a empresas extranjeras, sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
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