Dos auditores independientes, tal y como pedía Bruselas, analizarán la situación real de la banca española. Además, los bancos tendrán que hacer importantes esfuerzos para incrementar en 30.000 millones las provisiones con las que hacer frente a los créditos dados al ladrillo, tanto a los problemáticos como a los sanos. Los que no puedan afrontarlo contarán con prestamos de dinero público a cinco años y a un 10% de interés. Con esta nueva reforma el Gobierno intenta crear una red de seguridad y recuperar la credibilidad de los bancos españoles. Se trata de evitar que se repitan situaciones como la que ha provocado la nacionalización de Bankia. Una auditoría sacaba a la luz que el grupo tenía sobrevalorado su patrimonio en 3.500 millones de euros.
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