Esta semana se destapaba un nuevo escándalo de corrupcion. Más de 50 detenidos en la Operación Púnica Granatum, llevada a cabo por la Guardia Civil y ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, contra una trama de corrupción municipal y regional en Madrid, Murcia, León y Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción en tan sólo dos años la trama creó una red de cobros ilegales a cambio de adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros. Entre los principales detenidos, el ex-numero dos del PP madrileño, Francisco Granados, seis alcaldes madrileños de PP y PSOE y un independiente. En León el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, que ha sido encarcelado. En Valencia el empresario Alejandro de Pedro Llorca, y en Murcia tres altos cargos de la Consejería de Turismo y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso. La operación Púnica investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal, entre otros. Hasta el momento seis personas han ingresado en prisión sin fianza. Partido Popular y Partido Socialista han anunciado la suspensión de militancia de todos los implicados. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido perdón por los escándalos de corrupción y promete limpieza, en una declaración institucional, este martes, en el Senado. El Gobierno asegura que seguirá impulsando en el Congreso medidas contra la corrupción, aunque el PSOE no se quiere sumar. Informe Semanal ha analizado la vertiente política y judicial de este nuevo caso de corrupción. Y para ello hemos hablado con el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, con el director de El Mundo, Casimiro García Abadillo, con el columnista de ABC, Ignacio Camacho y con el redactor jefe de noticias de El País, Jorge Rodríguez.
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