El Tribunal Constitucional, en respuesta a un recurso del Gobierno, ha suspendido provisionalmente la declaración soberanista de Cataluña aprobada por el parlament el pasado 23 de enero. La admisión a trámite del recurso ha supuesto la paralización inmediata de las implicaciones del proyecto soberanista durante cinco meses hasta que el alto tribunal decida sobre el fondo del asunto. La impugnación del Estado se basaba en que la resolución unilateral aprobada por el Parlament no tenía cabida en la Constitución. Artur Mas no ha dado marcha atrás y rápidamente anunció que "seguirá con el camino trazado". Unas horas después de conocerse el fallo del tribunal, el Parlament daba un paso más y aprobaba la Comisión sobre el Derecho a Decidir sin el respaldo del PP, que abandonó el hemiciclo en protesta por lo que considera, junto a Ciutadans, "un acto de desacato" e "insumisión" al alto tribunal. El Gobierno advierte que acudirá a los tribunales si no se incumplen las leyes. El Tribunal da un plazo de veinte días para que la Generalitat presente alegaciones. Por primera vez en democracia el Tribunal Constitucional suspende una declaración de un parlamento autonómico, ya que en el precedente más cercano, con el "Plan Ibarretxe", no concurrían las mismas circunstancias. Informe Semanal ha buscado las reacciones a esta decisión del Tribunal Constitucional y analiza con expertos el nuevo escenario jurídico que se plantea en Cataluña.
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