El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros que le reclama Hacienda en materia de liquidaciones por el impago del Impuesto sobre el Patrimonio entre los años 2001 y 2003. El fundador de Zara habría colocado unos 1.300 millones de euros obtenidos por la venta de un paquete de acciones de Inditex S.A. en dos sociedades Alazan y Keslar, ambas sociedades de inversión inmobiliaria de capital variable (Sicav). Estas dos sociedades se gestionaban a través de otras sociedades familiares, Ponte Gadea y Licidia, que según la normativa sobre el impuesto de patrimonio quedan exentas de tributación. De esta forma, Ortega consideraba que sus inversiones en Alazan y Keslar estaban exentas de tributar en concepto de patrimonio porque quienes tenían los títulos de las Simcav eran Ponte Gadea y Licidia. El Supremo ha avalado la sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia donde se establecía que el empresario y sus asesores habían realizado una interpretación de la norma para aprovecharse de ella y evitar el pago del impuesto de patrimonio.
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