Sinopsis
La guerra en Gaza está siendo testigo de violaciones del derecho internacional y ha abierto dos procesos paralelos en dos tribunales diferentes. Por un lado, Israel, como Estado, se enfrenta a una denuncia de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por posible genocidio contra la población palestina. Por otro, el Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene abierta una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra tres dirigentes de Hamás, Ismail Haniya, Yahya Sinwar y Mohammad Deif.
Aunque ambos tribunales se encuentran en La Haya (Países Bajos) y muchas veces se confunden, son muy distintos. Mientras que el Tribunal Internacional de Justicia se encarga de enjuiciar a Estados, la Corte Penal juzga a individuos. Además, el primero puede establecer reparaciones e indemnizaciones; el segundo hasta penas de prisión. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años estas instituciones de justicia internacional han recibido muchas críticas: acusaciones de doble rasero, lentitud en sus investigaciones, costes excesivos o falta de eficacia a la hora de aplicar sus sentencias y medidas.
Para analizar todo esto hemos charlado con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas de España y ex candidato a Fiscal Jefe en la Corte Penal Internacional, y con Rodolfo Marcone, abogado y autor de la denuncia contra Netanyahu que un grupo de juristas chilenos ha presentado ante la Corte Penal.
Si quieres saber qué hace cada uno de estos tribunales, cómo funcionan, quién los financia, cuáles son sus límites, si sirven realmente para impartir justicia, y qué podría pasar en los casos abiertos por el conflicto en Gaza, no te pierdas este video.
