Sinopsis
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el Estado de Excepción el 27 de marzo de 2022, con el objetivo de acabar de una vez por todas con la lacra de las maras. Un día antes, se produjeron más de 67 asesinatos, convirtiéndose en el día más mortífero de la historia reciente del país.
Unos 14 meses después, los resultados son contundentes. Tras más de 68.000 detenciones, las pandillas se han reducido drásticamente y la sensación de seguridad ha empezado a volver a los barrios. La tasa de homicidios intencionados llegó en 2015 a más de 105 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose así en el país con más asesinatos del mundo. Ahora, esa cifra se ha bajado a poco menos del 8, una de las cifras más bajas de América Latina.
Las extorsiones a las pequeñas y medianas empresas también han disminuido y los negocios tienen la posibilidad de prosperar. Incluso, los niños, a los que antes les era imposible salir a la calle por vivir en territorio de maras, pueden ir al colegio y a los parques con más tranquilidad. Todo esto ha llevado a Bukele a obtener los índices de aprobación más altos del continente y su popularidad no para de crecer.
¿Pero cuál ha sido el precio a pagar? Según afirman las ONG, se han detenido de forma arbitraria a miles de personas que no habían cometido ningún delito. Además, denuncian que el gobierno salvadoreño está violando sistemáticamente los derechos humanos con el hacinamiento de presos en condiciones insalubres, sufriendo torturas por parte de las fuerzas policiales e incluso el fallecimiento de reos bajo custodia judicial.
Se han construido macrocentros penitenciarios como el CECOT, el ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’, con capacidad para alojar a 40.000 pandilleros. Según anuncian varios organismos no gubernamentales, el sistema carcelario salvadoreño ha llegado a tener alrededor de 100.000 prisioneros, lo que supone más del 2% de la población adulta. Se trata de la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
También critican los continuos ataques a la libertad de prensa y el desmantelamiento del poder judicial, nombrando jueces afines al presidente. El mayor exponente de esta cuestión es que Bukele ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 para optar a la reelección, algo que en principio está prohibido por la Constitución.
Algunos expertos señalan que, aunque la “mano dura” ha funcionado para reducir la criminalidad de las maras a mínimos históricos, cuestionan su efectividad a largo plazo. La razón es que El Salvador sigue siendo un país pobre y todavía no se ha logrado erradicar las raíces que permitieron el crecimiento de las pandillas. Si no se toma una estrategia integral que mejoren la calidad de vida de los salvadoreños y que facilite la rehabilitación de los pandilleros dentro de la sociedad, pueden surgir en el futuro nuevas bandas que ocuparán el puesto dejado por las maras ‘Salvatrucha’ o ‘Barrio 18’.
