Muchos de los casos de corrupción que se han conocido en España han sido gracias a las denuncias de implicados o funcionarios que sospechaban de malas...
16/04/2023 00:27:32Casos como Gürtel, los ERES de Andalucía, los papeles de Bárcenas, los cursos de formación, Acuamed... han sido, lamentablemente, pan nuestro de cada día en las noticias nacionales durante las últimas dos décadas. Todos son casos de corrupción política y económica que han salpicado con mayor o menor intensidad a los diferentes partidos políticos de nuestro país, y que han quebrantado la confianza de muchos ciudadanos en sus representantes electos.
La clave para desentrañar alguno de estos casos ha sido la figura del informante, el alertador, personas que implicadas directa o indirectamente en el asunto son las que han dado la voz de alarma a las autoridades para que comenzaran a investigar.
Son estas personas, con nombres y apellidos, con las que ha contactado REPOR para que nos narraran en primera persona por qué lo hicieron, y con qué situación se encontraron tras dar este paso. Son historias de dolor, angustia, miedo, represalias personales y familiares, y sensación de estar solos ante el peligro.
Hablamos de José Luís Peñas, testigo protegido del caso Gurtel –trama de corrupción que implicaba al PP-, de Roberto Macías –desvío de fondos de cursos de formación de UGT Andalucía-, de Hervé Falciani –publicó una lista de evasores fiscales que escondían el dinero en Suiza- o de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que continúa detenido en el Reino Unido por haber publicado miles de documentos secretos que implican al Gobierno de EEUU en crímenes de guerra (hemos hablado con su esposa y con sus abogados, entre los que se encuentra Baltasar Garzón) .
En España, este mes de marzo ha entrado en vigor la ley de protección al informante, tras aplicarse una directiva europea del 2019 que urgía a España a redactarla, y que exige a todas las empresas de más de 50 trabajadores y a las entidades públicas a tener un buzón interno de denuncias. También habrá una autoridad estatal que dependerá del Ministerio de Justica.
Es, sin duda, un primer paso para dar seguridad jurídica a los alertadores, porque todos, en un momento dado, podemos ser testigos de un amaño o de una corruptela que queremos denunciar y no hacerlo por miedo a las consecuencias.
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