El fiscal acusa a cuatro exdirectivos de Caixa Penedés de adjudicarse de forma irregular pensiones por un valor superior a los 31 millones y medio de euros cuando estaban al frente de la caja. La entidad necesitó ayuda pública para evitar la quiebra y en 2010 tuvo que fusionarse con otras para formar el Banco Mare Nostrum, que recibió 915 millones de euros en ayudas públicas. El primero de los imputados en declarar, José Abella, cuyo plan de pensiones ascendía a 5.700.000 euros, ha señalado que "no cometió ninguna irregularidad y que su contrato estipulaba que se podía jubilar a partir de los 60 años". También ha argumentado que la cuantía de las pólizas del seguro que cobraron en concepto de indemnización, fue fijada por una empresa externa.
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