Sinopsis
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que la actuación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, "se ciñó al ámbito de su responsabilidad sobre mandato de una investigación y sobre una autorización judicial de registro, que se llevó a efecto y todo se hizo bajo la autorización judicial".
A preguntas de los periodistas sobre la opinión de la Fiscalía en la detención y registro del domicilio del alcalde de Granada, Sanz ha indicado que se remite al comunicado emitido por la Dirección General de la Policía.
Según Sanz, "deja claro que existía autorización judicial, y por tanto las actuaciones que desarrolló el CNP, tanto en la detención como en el registro, se produjeron siempre en el marco de la autorización del Juzgado correspondiente, sometida a unos mandamientos judiciales".
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha reiterado hoy que no tiene "absolutamente ninguna culpabilidad ni por acción, ni por omisión" en la supuesta trama de corrupción urbanística por la que fue detenido y que, si su arresto no estaba autorizado judicialmente, se ha cometido "un atropello".
En su segunda rueda de prensa tras su puesta en libertad el pasado miércoles y después de que la Fiscalía comunicara ayer que su arresto fue por iniciativa policial, el regidor se ha preguntado quién está detrás de su detención policial, y ha asegurado que se siente "indefenso y acosado".
"No se pueden imaginar la humillación de que te hagan una ficha policial. No soy un delincuente", ha sentenciado Torres Hurtado, que ha reiterado que no tiene motivos para dejar su cargo, dado que desconoce por qué se le atribuyen hasta diez delitos, y cree además que su partido se precipita al pedirle que se marche.
La concejal de Urbanismo de Granada, Isabel Nieto (PP), por su parte, ha dicho hoy que la operación policial y judicial contra la corrupción urbanística en la que fue detenida el miércoles supuso "un abuso de poder" y que los agentes se "excedieron" en lo autorizado por el Juzgado instructor.
"Desde la época de Franco no han cambiado mucho las cosas, aquí se vulneran los derechos de los ciudadanos cada vez que a un gracioso le da la gana", ha sentenciado la edil, en su primera rueda de prensa tras su arresto y posterior puesta en libertad con cargos, y se ha preguntado quién dio la orden a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para actuar de ese modo.
Ha asegurado que la operación policial fue "inadecuada, desproporcionada e innecesaria" y ha anunciado que solicitará al juzgado que le devuelvan los efectos personales, dispositivos móviles e informáticos que la Policía se llevó de su casa, en su opinión, sobrepasando la orden judicial con la que contaba.
