Europa apuesta por el arbitraje

El recurso a la mediación y al arbitraje para desbloquear la negociación de los convenios es algo común en Europa. Pero solo en dos países, Grecia y Estonia, es obligatorio aceptar las decisiones de los árbitros. España es el tercero. En Alemania, en la mayoría de los casos y de forma voluntaria, sindicatos y empresarios prevén introducir la figura del arbitraje laboral, aunque no existe un arbitraje estatal obligatorio. En este país, los convenios colectivos generales para un sector son casi la excepción. Lo que hay son diferentes convenios según la zona (el este y el oeste) con diferencias que a veces llegan al 25% del sueldo. Uno o dos mediadores se incorporan a las negociaciones y ayudan con sus decisiones, aunque no son vinculantes. Mientras, evitan una huelga y el convenio colectivo anterior sigue vigente. En el país galo, vencido un convenio colectivo, y ante la ausencia de acuerdo entre empresarios y trabajadores, se prolongan las condiciones del convenio en cuestión durante cinco años, siempre que no se opongan, explícitamente, la mayoría de las organizaciones sindicales que en su momento firmaron ese convenio colectivo. Es decir, no hay previsto ningún arbitraje obligatorio que fuerze a la negociación de un nuevo convenio. Lo que sí se prevé es la puesta en marcha de un observatorio paritario -con representantes de empresarios y sindicatos- que vigilará para que no se vean perjudicadas ninguna de las partes. En Reino Unido existe un organismo independiente, aunque financiado por el gobierno, de "asesoramiento, conciliación y arbitraje". A él pueden acudir tanto los trabajadores a título individual, como colectivo -los sindicatos por ejemplo- y también los empresarios. Ofrece servicios de asesoramiento o mediación en una negociación y también arbitraje. Y acudir a él es voluntario. En Bélgica, como en la mayor parte de los países que pertenecen a la UE, no es obligatorio ni el arbitraje ni la mediación laboral. Los salarios se actualizan anualmente de forma automática, teniendo como referencia el Índice de Precios al Consumo.