Las diputaciones provinciales

En España hay 38 diputaciones provinciales de régimen ordinario. Quedan al margen territorios históricos, islas, comunidades uniprovinciales, y ciudades autónomas.

La ley les reconoce cuatro competencias básicas que se resumen principalmente en apoyar a los municipios que, por pequeños, no podrían cumplir con sus funciones básicas. Pero también hay diputaciones en provincias como Barcelona, donde el 58% de la población vive en área metropolitana. Con 4.000 funcionarios y 615 millones de presupuesto, da servicios en infraestructuras, innovación, bienestar social, áreas, todas, con consejería en la administración autonómica. Ahora bien, sólo hablan de duplicidades en su red de bibliotecas públicas, e insisten que la diputación es necesaria.

El debate sobre el gasto público ha puesto a las diputaciones en el punto de mira. El presupuesto de las de régimen común, 5.800 millones, financia inversiones y servicios, pero también toda una serie de parlamentos provinciales y estructuras de gestión.

Las diputaciones aparecieron por primera vez en 1812 y llegaron a ser básicas en el sector público, pero perdieron la mayoría de sus competencias en favor de las autonomías.

Hoy han desaparecido en las comunidades uniprovinciales, y en Canarias y Baleares han sido sustituidas por cabildos y consejos, uno por isla. El País Vasco se mantiene al margen, con unas diputaciones forales que, con plenas competencias en recaudación de impuestos, se erigen como las administraciones más potentes de la región.