Cataluña y País Vasco han recordado al Gobierno, en respuesta al anuncio de recortes por 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, que ambas son competencias transferidas a las autonomías, mientras que, en contraste, Madrid ha ofrecido devolverlas al Gobierno central junto a las de Justicia.
El modelo autonómico se ha sumado así al debate sobre los servicios públicos en las reacciones que las comunidades autonómas han expresado ante el anuncio que el ejecutivo popular hizo de reducir en la citada cantidad los gastos en Sanidad y Educación.
Además de por la reivindicación o no de las competencias, las autonomías han quedado divididas también entre las gobernadas por el PSOE (Andalucía y Euskadi), junto a la canaria (gobernada por CC con apoyo socialista), que han rechazado la aplicación de los ajustes a los servicios sociales, y las comunidades con mayoría popular en sus parlamentos, que no han compartido esta posición.
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