Las personas con discapacidad intelectual sufren las consecuencias de la falta de inversión social frente al coronavirus

La nueva normalidad obliga a los centros para personas con discapacidad intelectual a adaptarse para garantizar que los residentes pueden mantener la distancia de seguridad. Una inversión que ha aumentado los gastos. Calculan un desembolso mensual de 17.000 euros más. La plataforma El tercer sector, compuesta por más de 28.000 entidades sociales, lamenta que se quede sin una respuesta pública el colectivo "más devastado" por la pandemia, después de que ayer el Congreso rechazara las propuestas sociales pactadas por la Comisión de Reconstrucción.