Telediario 1 en 4' - 11/01/11

Detenidos dos presuntos miembros de ETA 18 horas después de que la banda terrorista anunciara un alto el fuego. A Iraitz Guesalaga, arrestado en Cibourre, en el sur de Francia se le considera el jefe informático de ETA. Según los investigadores tanto él como Itxaso Urtiaga, detenida en la localidad guipuzcoana de Zarautz, adiestraron en el uso de ordenadores a miembros de las FARC y etarras en Venezuela. Horas antes de estas detenciones el presidente del Gobierno aseguraba que la lucha antiterrorista no se detendrá por el anuncio de ETA. Y desde el PP Dolores de Cospedal ha asegurado que apoyarán al gobierno mientras mantenga esa postura.-- Gobierno y sindicatos han dado su opinión sobre las negociaciones de la reforma de las pensiones que se reanudarán en los próximos días. El ministro de Trabajo es optimista sobre la posibilidad de un acuerdo antes del 28 de enero porque dice que a pesar de las diferencia hay avances tangibles. El secretario general de CCOO no ve imposible el acuerdo pero cree que es muy grande la distancia que separa las posiciones de unos y otros. Y durante la exposición del informe económico de 2010 el presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de poner en marcha las reformas y ha dicho que se harán, incluso sin acuerdo.-- En Estados Unidos, el fiscal ha pedido la pena de muerte para el acusado de la matanza del sábado pasado en Tucson, Arizona. Jared Lee Loughner ha escuchado impasible los cargos que le imputan por asesinar a seis personas y herir a 14. Él sólo ha hablado para asegurar que entendía las acusaciones.-- Baja el número de donantes de órganos en España en 2010, por primera vez en diez años. Aún así, sigue siendo líder mundial en trasplantes. Este año van a impulsar la donación entre vivos y realizarán el primer trasplante altruista.-- China niega cualquier implicación en el escándalo del espionaje industrial a Renault y Francia asegura que no ha acusado, de manera oficial, a ningún país. El diario francés "Le Figaro" informa de que una empresa estatal china pagó 600.000 euros a dos de los tres directivos acusados de pasar información sobre el coche eléctrico.