Sinopsis
El Papa Francisco ha pedido que se realice una investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia española. Lo hace tras conocer un informe con 251 nuevos presuntos casos de abusos a menores, investigados por el diario 'El País'. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juán José Omella, ha trasladado la investigación a las 31 diócesis y 31 órdenes afectadas.
En España, la versión de la Conferencia Episcopal habla de 220 clérigos denunciados por abusos en los últimos 20 años. Nos preguntamos qué ha hecho la Iglesia en España ante estos abusos y qué ha hecho el Estado.
En España no hay cifras oficiales de abusos cometidos contra los menores en la Iglesia. La Conferencia Episcopal solo ha reconocido 220 casos y son de los últimos 20 años. La Iglesia dice que será bien recibida cualquier investigación judicial sobre los abusos, pero, recalca, que también debe hacerse en el resto de entornos de la sociedad.
Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos, pide "levantar alfombras en todos los ámbitos, ver dónde se producen estos hechos tan execrables". La Conferencia episcopal no va a abrir una investigación general de sus casos de pederastia en el pasado, y se limita a pedir que las víctimas acudan a sus oficinas de atención, abiertas hace dos años. El Arzobispo de Burgos ha pedido perdón, en nombre de la Iglesia, a las víctimas de abusos sexuales, por los que dice sentir un profundo dolor: "Es algo inaceptable e injustificable. Cómo han destrozado la vida de muchas personas, el dolor que ha causado en ellas y también en su entorno familiar, y al ser en un entorno eclesial, se añade un dolor y una vergüenza".
Las asociaciones de víctimas ven difícil que quienes hayan sufrido abusos vayan a la propia Iglesia a denunciar. "¿Quién va a ir? ¿Quién confía en alguien que ha mirado para otro lado e incluso es colaborador de estos delitos? Pero es una forma de justificar que están haciendo algo y es una forma de decir que no hay casos en España, que son muy pocos y que es anecdótico", critica Mikel Eziolatza, víctima de abusos en centros religiosos de Navarra.
La Conferencia Española de Religiosos, que reúne a 400 congregaciones, dice que ahora están empezando a escuchar a las víctimas, pero reconocen que no obraron correctamente en el pasado: "Lo que ha ocurrido fue porque quizá no había los protocolos y las formas de actuar suficientes, algo se nos escapó, probablemente se ocultaron cosas porque quizá era una práctica que había donde lo que se conocía era en el ámbito muy privado", explica Jesús Miguel Zamora, secretario general de Conferencia.
"Se ha dado prioridad a la defensa de la institución hacia dentro de una manera endogámica, frente a la defensa de las víctimas de su dolor y la terrible experiencia", denuncia Pepa Monleón, del colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia.
Las víctimas sostienen que hasta hace poco el Estado también ha mirado para otro lado. Uno de los problemas de siempre ha sido la prescripción de los casos, pero con la nueva ley de la infancia, se ha ampliado el tiempo para denunciar, lo que les ha traído algo de esperanza. "Para una víctima es muy difícil de entender que porque no lo hayan contado antes el delito, ya para el estado no cuenta", explica la abogada de la asociación Infancia Robada, Leticia de la Hoz.
El Estado no tiene acceso a los archivos eclesiásticos. Es uno de los puntos incluidos en el Concordato. Esta semana la Fiscalía general ha pedido información de los procedimientos abiertos en toda España sobre casos de abusos a menores en instituciones religiosas.
