¿Cuál es el futuro de las fiestas y botellones?
- Parece existir más preocupación por determinados momentos de desahogo en contextos festivos que por la grave situación de salud mental
- Está en juego impedir que algunas formas distópicas de vida y ocio se instalen definitivamente
Desde que la crisis de la Covid-19 llegó a España en marzo del 2020 se prohibieron los eventos multitudinarios, que poco a poco han ido permitiéndose según el avance o retroceso de las olas y el porcentaje de vacunación. El papel y la influencia de los grandes medios de comunicación en este sentido ha sido fundamental. En concreto, ha habido una criminalización de la juventud que se focaliza en las "fiestas ilegales" y los botellones producidos en las calles y parques, señalando a los jóvenes a través de estos eventos sociales como los principales responsables de la transmisión masiva del virus. A día de hoy, con más de un 70% de españoles vacunados con pauta completa, todavía observamos cómo en los grandes medios se habla de las fiestas como si fueran un peligro sanitario y social.
El bombardeo de noticias y mensajes a este respecto ha sido intenso y constante. El último verano ha cobrado especial relevancia en los grandes medios, que apuntaban como responsables de la quinta ola a unas generaciones que se encontraban aún sin vacunar por las etapas del plan de vacunación estipulado por el Gobierno. Parece lógico que el grupo social no vacunado sea el que refleja más infecciones, pero en la gran mayoría de noticias no se trataba desde este enfoque sino desde la culpabilización a los eventos y fiestas. Un buen ejemplo son titulares como este del País: “Los destinos de veraneo se blindan contra la ‘variante fiesta’”.
"La culpabilización de los eventos y fiestas se produce mientras la pandemia de la salud mental entre los jóvenes se expande, siendo ya el suicidio la principal causa de mortalidad juvenil en España"
Este señalamiento se produce mientras la pandemia de la salud mental entre los jóvenes se expande a diario, siendo ya el suicidio la principal causa de mortalidad juvenil en España y habiéndose duplicado las urgencias psiquiátricas. Otros problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión también se han extendido y empeorado a raíz de la pandemia y sus consecuencias. Sin embargo, parece existir más preocupación por determinados momentos de desinhibición, alegría o desahogo en contextos festivos que por la grave situación de salud mental que atravesamos. Con todo esto, incluso hemos podido ver como algunos políticos, como el teniente de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, proponía mantener el cierre del ocio nocturno a la 1 y otras restricciones nocturnas una vez superada la crisis sanitaria. Esto parece apuntar a la posibilidad de que algunas de las normas de convivencia impuestas con razón de la pandemia podrían persistir en nuestra sociedad durante más tiempo, quizás para siempre. Igual que la última semana se mencionaban los atentados del 11S como un evento que cambió nuestras sociedades y sus modelos de convivencia para siempre, esta crisis pandémica también parece haber instalado determinadas ideas en el imaginario colectivo que pueden ser difíciles de superar.
"Igual que se mencionan los atentados del 11S como un evento que cambió nuestras sociedades y sus modelos de convivencia para siempre, esta crisis pandémica parece haber instalado determinadas ideas en el imaginario colectivo que pueden ser difíciles de superar"
Además, en lo que concierne a los pubs y las discotecas, donde se celebran fiestas totalmente inmersas en el modelo del ocio de consumo, se ha sido mucho menos estricto con el cumplimiento de las normas sanitarias. Mientras que la mayoría de los barrios trabajadores han estado invadidos de dispositivos policiales que se encargan de que nadie se junte a beber en las calles y plazas, discotecas como Fabrik organizaban fiestas sin restricción alguna, y en chalets de lujo se vendían entradas "clandestinas" a precios altísimos. Este modelo es claramente privativo para los jóvenes estudiantes o trabajadores que no pueden permitirse el gasto que supone salir a la mayoría de discotecas, con precios inasumibles por copa y entrada. Y no es una idea de ciudad que haya nacido ahora (aunque sí se ha intensificado), sino que viene de largo. El espacio público vive un proceso de privatización y cada vez es más hostil de cara al uso que pueden hacer los vecinos de dichos espacios. Un caso interesante que ejemplifica este proceso de privatización del espacio público es el envallado que el Ayuntamiento de Madrid pretende realizar en el parque infantil Conde Duque, de Malasaña, en el centro de Madrid. Un parque que las instituciones han ido dejando deteriorar, y que ahora plantean su cierre para evitar que los jóvenes que frecuentan la zona hagan uso del parque.
"Un caso interesante que ejemplifica el proceso de privatización del espacio público es el envallado que el Ayuntamiento de Madrid pretende realizar en el parque infantil Conde Duque para evitar que los jóvenes hagan uso de él"
Parece claro que es de urgencia plantear una alternativa de ciudad que de su lugar a determinados comportamientos urbanos que hoy no tienen cabida o cada vez tienen menos: habilitar espacios públicos que estén pensados para formas de socialización colectiva, vecinal y juvenil, donde sea posible desarrollar sus propias dinámicas sin las pautas del ocio privado y de consumo. Otro ejemplo relevante de privatización del espacio público es el que Metrovacesa está llevando a cabo en el barrio de Benimaclet (València), vallando los terrenos de un PAI al que se opone el movimiento vecinal. Estos espacios que Metrovacesa trata de vallar son usados a diario por los vecinos del barrio, como el Jardí Lluerna, zonas de huertos urbanos o lugares donde los vecinos se reúnen o organizan actividades. Este hecho se enmarca en un plan urbanístico que de aplicarse acabaría con numerosos espacios vecinales, centros sociales, huertos y parques, rompiendo con la estética y las dinámicas del barrio y empujándolo a la gentrificación.
Quizá, entonces, la cuestión central en el debate sobre los eventos masivos y el espacio público no sea la irresponsabilidad de los jóvenes, sino unas ciudades donde la vida no está pensada para nosotros. No es normal que, como ha sucedido el último año, a los chavales de barrio se les multe por beber en un banco a escasos metros de terrazas llenas a rebosar. El pasado mes de agosto, durante las Fiestas de la Paloma de Madrid, pudimos ver un claro ejemplo de esto: mientras el barrio de La Latina estaba repleto de dispositivos policiales para evitar los botellones, en todos los pubs y discotecas de la zona se bebía y bailaba sin límites de aforo ni horario. Unas fiestas populares que dejan de serlo por unas medidas que no parecen tener una justificación sanitaria clara, sabiéndose ya que la transmisión de la infección en interiores es mucho más probable que en exteriores.
Nos encontramos así ante la insistencia en la aplicación de unas medidas y restricciones que parecen atender más a una idea de cómo convivir en sociedad, a cuestiones de orden público y a acabar con determinados comportamientos urbanos que resultan incómodos, por encima de la cuestión inicial por la que se impusieron en un principio. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado recientemente un duro revés al Govern, eliminando la restricción del toque de queda en las ciudades catalanas ya que, según argumenta el TSJC, el Govern se estaba excediendo en el uso de esta medida restrictiva, siendo utilizada por el poder político como una medida de orden público, y no de carácter sanitario. Un precedente muy relevante en lo que respecta a la posible prolongación de determinadas medidas y normas de convivencia más allá de la crisis pandémica. Un entramado de diversas cuestiones de enorme complejidad en el que está en juego impedir que algunas formas distópicas de vida y ocio se instalen definitivamente.
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David Ortiz (Valencia, 2001) es estudiante de Antropología en la UCM y miembro del espacio de comunicación política El Observatorio.