España en funciones: las tecnológicas se libran por ahora de la 'tasa Google'

• Las nuevas elecciones retrasará la puesta en marcha del Impuesto a Determinados Servicios Digitales (IDSD)
• Hacienda recaudó apenas 24 millones de euros de Google, Amazon, Facebook y Apple en 2017

Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - España en funciones: sin gobierno no hay tasa Google

A las empresas tecnológicas no les viene mal la parálisis política. La convocatoria de nuevas elecciones retrasará todavía más la puesta en marcha del Impuesto a Determinados Servicios Digitales (IDSD) porque, al ser de nueva creación, debe aprobarse primero en el Congreso. La llamada 'tasa Google' queda así en un cajón a la espera del resultado del 10N.

En 2017 Hacienda apenas recaudó un total de 24 millones de euros de Google, Amazon, Facebook y Apple. Por eso, la filosofía del impuesto es que estos gigantes paguen allí donde realmente generan su negocio. El objetivo del Gobierno era recaudar unos 1.200 millones de euros al año con una tasa del 3% sobre tres actividades: intermediación, publicidad dirigida en Internet y la venta de datos.

No todas las empresas tendrían que rascarse el bolsillo. Solo aquellas que facturen más de 750 millones de euros al año en todo el mundo y más de 3 millones en España. Sin embargo, el sector se opone y asegura que los más perjudicados serán las pymes y los ciudadanos de rentas bajas que utilizan servicios digitales porque las compañías afectadas les acabarán repercutiendo el nuevo impuesto. Según un estudio de PwC encargado por AMETIC y Adigital, el impacto para los consumidores podría alcanzar los 665 millones de euros al año.

Las patronales tecnológicas piden que, al menos, España espere a que haya un pacto internacional sobre este impuesto para no encontrarse en inferioridad de condiciones. Sin embargo, tampoco parece fácil. Tras fracasar los intentos de la Unión Europea, la OCDE confía en lograr un consenso el año que viene. De momento, Francia ha optado por no esperar y ya ha aprobado su propio impuesto y el Gobierno adelanta que seguirá adelante con su idea haya o no un acuerdo global. En cambio, PP y Ciudadanos no quieren que España la apruebe por su cuenta.