España en funciones: las renovables temen el bloqueo político
- Las plantas de energía verde quieren saber cuánto van a recibir durante los próximos cinco años.
- Sin nuevas subastas de renovables en el horizonte, la transición energética podría frenarse.
La falta de gobierno preocupa al sector de las renovables porque deja en el aire varias decisiones importantes. La principal es el dinero que recibirán las instalaciones de energía limpia entre 2020 y 2025. Ahora la rentabilidad garantizada que reciben es del 7,39%, pero toca revisar esta cifra antes de que termine el año. La nueva fórmula ya estaba sobre la mesa y suponía una pequeña rebaja hasta el 7,09%.
Sin embargo, el bloque político ha impedido su aprobación porque hace falta una norma con rango ley. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) le ha pedido al ejecutivo, pese a estar en funciones, un decreto-ley que fije su retribución. Su director general, José Donoso, cree que "se cumple el criterio de urgente necesidad".
En el sector hay temor de que, si no hay movimientos, la retribución se hunda. Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González, opina que "lo lógico sería mantener la retribución actual" y luego el nuevo gobierno la hiciera estable.
El ejecutivo también se había comprometido a no tocar la rentabilidad de los proyectos verdes afectados por los recortes a las renovables del gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Su objetivo era parar la oleada de litigios internacionales contra España. El Estado ha perdido ya más de una decena y la factura ronda ya los mil millones de euros aunque, de momento, no ha tenido que pagar ninguna indemnización.
Otra consecuencia del parón político es que la transición energética está en punto muerto. El gobierno pretendía convocar este año una subasta de renovables con un nuevo diseño, pero no lo puede hacer en funciones. El plan nacional de energía y clima remitido a Bruselas prevé que en 2030 el 74% de la electricidad generada sea renovable y el anteproyecto de ley de cambio climático apostaba por adjudicar cada año unos 3.000 MW anuales en subastas de renovables. Sin embargo, con el parlamento disuelto, la norma ha quedado atascada.
El autoconsumo es otro ejemplo de cómo un ejecutivo atado de manos puede penalizar al sector. Los últimos cambios normativos han permitido impulsar el autoconsumo. Sin embargo, queda letra pequeña por desarrollar y las dudas sobre el 10-N pueden limitar o retrasar su expansión. Por eso, el sector de las renovables reclama una planificación consensuada al margen de vaivenes políticos. Se queja de los constantes acelerones y frenazos. En definitiva, quiere estabilidad.