Okupas: la epidemia fantasma

• Okupas, activistas, inmobiliarias, bancos, abogados y jueces, dan su opinión sobre la okupación
• Mientras se enciende el debate político, los expertos no entienden el revuelo

Reportajes RNE - Okupas: una epidemia fantasma

Juan, nombre supuesto, es okupa. También lo son Mercedes y Julia. Los dos primeros por necesidad, la tercera, además, por activismo. "La vivienda no puede ser una moneda de cambio ni algo con lo que hacer negocio", dice. Aseguran que nunca se han metido en casas de particulares. Siempre han sido viviendas vacías de bancos o fondos de inversión, los conocidos como "fondos buitre". Aun así, reconocen haber pasado miedo al entrar. "Es un momento de tensión", dice Julia. "entiendes que lo que estás haciendo es ilegal, pero a mí no me parece moralmente incorrecto", señala Juan.

Okupas y propietarios, dos puntos de vista

La experiencia de Daniel Martín, sin embargo, no es esa: es dueño de una pequeña inmobiliaria que compra pisos okupados a bancos para después venderlos y ha sufrido "lo indecible" para desalojar a uno de esos inquilinos ilegales. Incluso presiones en su propia oficina, que denunció. Justifica la campaña del miedo lanzada por compañías de seguridad, critica la lentitud de la justicia y entiende el recurso a empresas que, emulando al "cobrador del frack", se encargan de librar al propietario del "bicho".

Daniel Esteve es uno de estos empresarios. Dirige "Desokupa", una compañía que recibe ahora 60.000 visitas en la página web cada 10 días. "Una animalada", dice, reconociendo que no dan abasto. Mientras, Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma de afectados por la hipoteca, señala que según los últimos datos oficiales, eso sí, de 2011, "en España hay tres millones y medio de casas vacías, la inmensa mayoría en manos de entidades financieras" y de ese parque, 87.000 están okupadas, alude a un informe del Instituto Cerdá. El número de propiedades privadas en esta situación, defiende, es "una cifra irrisoria".

Por otra parte, según el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año se produjeron 7.450 okupaciones, un 5% más que en el mismo período de 2019, mientras que el incremento registrado ese año supuso un 15% respecto al anterior. Aun así, el mensaje de que el fenómeno se está acelerando se ha impuesto. No solo entre la opinión pública, bombardeada por anuncios de compañías de alarmas y horas de directos en Televisión sobre el problema.

El problema de la vivienda: ¿okupas o bancos?

El 23 de septiembre pasado, el debate de tres proposiciones de ley del PP, Ciudadanos y Vox que pedían el endurecimiento de las leyes calentó el hemiciclo y en ese ambiente, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior emitieron sendas instrucciones para fijar criterios y acelerar procesos. Pero los expertos no entienden el revuelo.

Jorge Muñoz, exfiscal y abogado en ejercicio, señala que "no podemos trasladar a la ciudadanía la sensación de que estamos ante un riesgo inmediato de ser asaltados por hordas de okupas que no existe". Jorge Fernández Vaquero, juez portavoz de la asociación Francisco de Vitoria defiende que el problema no es la legislación actual, suficiente para atajar el problema, sino la falta de medios del sistema judicial que ralentiza su funcionamiento.

Los okupas atribuyen la campaña a intereses políticos, al "desvío de atención interesado" y más en este momento de crisis económica por la pandemia, "para que la gente crea que la casa te la quita un okupa y no el banco", denuncia Gabriela Vázquez, portavoz de La Ingobernable. También se desvinculan de las mafias de la okupación y piden abordar la raíz del problema: la falta de vivienda pública, pese a ser un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. A Juan, Julia y Mercedes les gustaría solucionar su situación. Mientras, el debate político continúa.