La ONG Refugees in Libya, atacada con un software espía
- El teléfono del activista David Yambio se ha visto comprometido con los datos de cientos de personas migrantes en Libia
- Las denuncias de torturas en cárceles libias que aporta la ONG, son fundamentales para el trabajo de la Corte Penal Internacional
Ante la mirada impermeable de las costas europeas hay voces, como la de David Yambio, que rompen el silencio entre dos continentes: "En Libia se están violando derechos humanos y la Unión Europea es responsable", asegura el activista David Yambio al micrófono de RNE. Lo sabe porque lo ha vivido y porque la ONG que preside y de la que es cofundador, Refugees in Libya, trabaja recogiendo denuncias de cientos de personas que aseguran estar siendo torturadas por migrar. Los testimonios que hay en su teléfono son de gran valor para las investigaciones de la Corte Penal Internacional y, parecen serlo también, para quienes intentan silenciarlos. El dispositivo de Yambio ha sido atacado con un software espía "dirigido directamente por quien es y lo que hace". No sabe quién está detrás, "pero lo están investigando", asegura.
Yambio fue alertado con un mensaje muy llamativo en color rojo, en la pantalla de su dispositivo, que le informaba del ataque. "Me decía que tomase todas estas advertencias muy en serio, porque saben lo que está sucediendo y que no pueden especificar qué gobierno o en qué país me tienen en la mira y tratan de comprometer mi teléfono", cuenta Yambio. "Por mi parte no hay ningún problema en entregar todo este material, incluso puedo dar mi teléfono voluntariamente, en él no hay nada más que sufrimiento humano", continúa.
Según Refugees in Libya, hay cerca de un millón de personas refugiadas que están en peligro en el país. Naciones Unidas ha registrado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de migrantes, además de un creciente número de muertes bajo custodia, con 15 casos confirmados desde marzo de 2024. La ONU reconoce haber documentado torturas y tratos crueles también hacia menores.
Almasri, el alto mando libio liberado por Italia
Entre los torturadores que denuncia David Yambio, está el general Osama Almasri, un jefe de la policía libia sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Almasri está acusado de torturar, violar y matar a varias personas en la cárcel de Mitiga, en Libia, desde 2015. Italia es uno de los países 125 firmantes del Estatuto de Roma de la CPI, el país tiene el compromiso de, entre otras cosas, cumplir con las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siendo investigada por haber dejado en libertad a Almasri. El acusado fue detenido en Turín y dos días después trasladado a Trípoli en un avión oficial de la República Italiana.
Alejandro Hernández, docente de la Universidad de Valladolid especializado en Cooperación Judicial Penal Internacional, asevera que no hay consecuencias penales para los gobiernos firmantes del Estatuto de Roma que se salten una orden de arresto: "La CPI no tiene un cuerpo policial propio, tiene que confiar en las autoridades de los diferentes Estados parte". A pesar de esto, el Tribunal ha dado a Meloni un mes para aclarar lo ocurrido. Hernández asegura que el Gobierno Italiano podría haber incurrido en dos posibles delitos, "uno de complicidad a la hora de dejar escapar a Almasri y delito de malversación por haber utilizado un avión estatal para llevar a cabo el traslado". Las consecuencias jurídico penales a las que podría enfrentarse Meloni serían estatales y habrá que esperar un máximo de tres meses para verlas, aunque el experto es escéptico con el resultado.
Yambio, ahora radicado en Italia, es especialmente crítico con el Gobierno de Giorgia Meloni y su política migratoria. "Las personas responsables son identificadas, arrestadas y después se les permite burlar la justicia. Mientras, hay casi 900.000 refugiados en Libia, la mayoría son de Sudán y huyen de la guerra", denuncia el activista. Para él y para los cientos de denunciantes es cada vez más difícil confiar en la destreza de los procesos judiciales y los compromisos gubernamentales. Mientras, Refugees in Libya continúa haciendo un trabajo fundamental para la denuncia de violaciones de los Derechos Humanos. En las últimas semanas se han identificado, documenta la ONG, fosas comunes en Al-Kufra, en el sureste del país, con los cuerpos de personas migrantes víctimas de trata. Según Naciones Unidas, entre esa fosa y otra en Jikharra, en el noreste, se han exhumado cerca de un centenar de cadáveres.