El alquiler vacacional prohibido en las zonas turísticas de Canarias

Alquiler vacacional

También el PP, a través de la diputada regional Cristina Tavío, ha exigido al Gobierno de Canarias la regulación de esta modalidad turística, en un acto organizado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) al que no asistieron el resto de partidos invitados.

Doris Borrego, presidenta de Ascav, alertó de que la falta de regulación de la calidad y los servicios del alquiler vacacional y su prohibición en zonas turísticas está trasladando el turismo de masas a zonas residenciales.

Eso es debido a que grandes inversores y hoteleros compran "edificios enteros" en zonas residenciales para dedicarlos al "todo incluido" bajo el manto de la vivienda vacacional y al amparo de la falta de regulación.

El último ataque que está recibiendo la vivienda vacacional es achacar a su auge la falta de viviendas para residentes, dijo Doris Borrego.

Es una acusación falsa, aseguró, puesto que solamente el 12% de las segundas residencias de Canarias se dedica a esta modalidad turística.

Si faltan viviendas residenciales es porque las administraciones llevan diez años sin planificar viviendas de protección oficial y porque los bancos y fondos buitres están reteniendo inmuebles en su poder para incrementar el precio, argumentó.

Ricardo Díaz, profesor de marketing turístico de la Universidad de La Laguna, afirmó que la vivienda vacacional es una demanda de los turistas, pues no todos quieren ir a grandes hoteles, muchos buscan un alojamiento diferente y personal.

La oferta es la que tiene que adaptarse a esa demanda y la falta de regulación repercute en que se esté desarrollando en las islas un modelo híbrido perjudicial que rebaja la calidad y enfada al visitante, alertó.

Jordi Esplugas, presidente de la Asociación de Empresarios de Adeje, consideró urgente la modificación del decreto canario de 2015 sobre alquiler vacacional, que ha dejado a gran parte del subsector en la inseguridad jurídica y la ilegalidad.

"Queremos una regulación adecuada para incorporar el alquiler vacacional a la economía de cada lugar" y que se beneficien las pymes, dijo Esplugas, y en la misma línea se manifestó Antonio Núñez, presidente de la Federación de Autónomos de Canarias.

"No se pueden poner puertas al campo, hay que aplicar el sentido común" porque el alquiler vacacional, el pequeño comercio asociado y los negocios complementarios son formas de ganarse la vida que favorecen el reparto de la riqueza, frente a los beneficios de grandes complejos hoteleros que no se quedan en las islas, argumentó Núñez.

Víctor Sánchez, de la Federación de Desarrollo Empresarial de Canarias, pidió que se legalicen las viviendas vacacionales para que sus propietarios puedan pagar impuestos, mientras que Juan Setién, del Colegio de Administradores de Fincas, consideró que no se entiende la falta de regulación en Canarias.

La situación de ilegalidad aleja a muchos pequeños inversores extranjeros que podrían pagar impuestos en Canarias, todo fruto de un decreto que es "un monstruo administrativo", según el urbanista Hugo Luengo.

Al excluir la vivienda vacacional de las áreas turísticas se deja en la ilegalidad el 90% de la oferta, que se tiene que acoger a la Ley de Arrendamientos Urbanos, dijo.

El decreto del Gobierno de Canarias, añadió, ha generado un "caos absoluto", ya que al final cada cabildo y cada ayuntamiento lo aplica según su propio criterio, de manera que ni hay seguridad jurídica ni libertad para alquilar.

Cristina Tavío reafirmó el compromiso del PP para regular el alquiler vacacional, una fuente de ingresos fiscales para el Gobierno porque "muchos propietarios están deseosos de pagar impuestos" cuando puedan regularizarse.

"Podemos aspirar al mejor alquiler vacacional del mundo" si el Gobierno de Canarias decide impulsar la calidad, dijo Tavío, para quien se está tardando en adoptar una legislación permisiva que ampare el derecho de los propietarios y les permita pagar sus impuestos.

El PSOE, no acudió a la convocatoria de Ascav, hizo público un comunicado en el que pide la revisión del decreto para regular el alquiler vacacional y evitar efectos no deseados como el aumento de precios de los alquileres residenciales.