'El negocio de la emergencia', en 'Informe Semanal'

• Sábado 30 de abril, a las 21:30 horas en La 1 y Canal 24 Horas

Mascarillas FFP2

‘Informe Semanal’ aborda los contratos de emergencia que se realizaron en los primeros meses de la pandemia. El caso de las comisiones millonarias por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid ha puesto la lupa en estos contratos. El programa también mostrará cómo pequeños pueblos y barrios pueden producir su propia energía.

‘El negocio de la emergencia’

En los primeros meses de la pandemia se realizaron más de 25.000 adjudicaciones por un total de 6.445 millones de euros en contratos de emergencia. Con los hospitales desbordados, los contagios y fallecimientos multiplicándose cada día, el Gobierno relajó los procedimientos de compra de las administraciones públicas. ‘Informe Semanal’ ha estado con expertos y con la responsable de la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas para analizar esos contratos.

Muchos hicieron negocio por la escasez de la oferta ante la enorme demanda global de material sanitario; otros aprovecharon además para enriquecerse con dinero público en operaciones de dudosa legalidad.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las compras de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes y las de varias empresas públicas y prepara otro informe sobre las adjudicaciones del Gobierno. Las conclusiones son que en general se ha cumplido con la normativa, pero se han detectado varias irregularidades.

‘Energía en comunidad’

En España hay 33 pequeños pueblos y barrios que producen su propia electricidad a través de las llamadas comunidades energéticas, y están en marcha otros 200 proyectos. ‘Informe Semanal’ ha estado en Álava y a Valladolid para comprobar cómo funcionan algunos de ellos.

La figura de estas comunidades parte de una directiva europea, incorporada ya en parte de la legislación española. Busca la implicación de los ciudadanos en la producción y gestión de energías renovables, con una serie de requisitos.

Para impulsar esas comunidades, el Estado ha dispuesto 100 millones de euros, destinados sobre todo a financiar proyectos piloto que sirvan de modelo, aunque algunas organizaciones ecologistas volcadas en el desarrollo de estas energías, se quejan de que el acceso a las ayudas es complicado y requiere tener un nivel informático más o menos alto. También critican la obligación de que haya menos de 500 metros de distancia entre el punto de generación de energía y el lugar de consumo.