Las chabolas de Huelva esperan la regularización de inmigrantes: “Sin papeles no puedes escapar”

• RTVE.es se desplaza a los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto y habla con Yaw Dokur, jornalero ghanés, víctima de explotación laboral
• Los jornaleros provienen en su gran mayoría de África y en un 30% de los casos no tienen papeles

Daiana Llordekesku: “Llevo 12 años aquí, en una chabola, sin luz ni agua. He olvidado planchar o lavar ropa, he olvidado ir a una peluquería, he olvidado ser una mujer, soy una salvaje” Gonzalo RG

El cuchicheo de los aspersores que riegan las matas de fresas inunda las callejuelas del asentamiento chabolista Número uno de El Bosque de Lucena del Puerto (Huelva). Como en tantos otros asentamientos, este carece de suministro de agua para sus habitantes. Tan solo una reja separa la plantación de fresas de las chabolas en las que malviven, al menos, 200 personas.

En las inmediaciones de los campos de frutos rojos onubenses hay 41 asentamientos informales. Las chabolas están sobre un suelo de arena cercado por montones de basura, a una distancia de menos de un minuto de los campos de berris, con plásticos negros como techos donde hace frío de noche y calor de día. Hay dos zonas claramente diferenciadas: la magrebí y la subsahariana.

““Llevo 12 años aquí, en una chabola, sin luz ni agua. He olvidado planchar o lavar ropa, he olvidado ir a una peluquería, he olvidado ser una mujer, soy una salvaje”, Daiana Llordekesku, jornalera rumana“

“Llevo 12 años aquí, en una chabola, sin luz ni agua. He olvidado planchar o lavar ropa, he olvidado ir a una peluquería, he olvidado ser una mujer, soy una salvaje”, dice Daiana Llordekesku, jornalera rumana. Ella sí tiene papeles, pero no su pareja. Es otro temporero ghanés que lleva 20 años en los campos y con el que no se ha podido casar porque está en situación irregular y sin empadronamiento. 

Daiana explica que estar sin papeles equivale a estar indefensa. “Si no puedes trabajar, no puedes cobrar. Si hay una inspección, el jefe te manda que salgas por la puerta de atrás o que escapes por debajo de la verja”, asegura.  Además, en su caso, y junto a su pareja, implica que no pueden viajar a su país de origen o aspirar a la reunificación familiar. “Es como si estuvieras en la cárcel”, suspira.

Yaw Donkur, jornalero ghanés denuncia la desprotección laboral de los indocumentados: "sin papeles, no puedes escapar"

Los jornaleros provienen en su gran mayoría de África y en un 30% de los casos no tienen papeles. El 'sinpapelismo' se traduce en los campos agrícolas en indefensión y en condiciones de trabajo y vida más próximas a sistemas de esclavitud, como apuntó el relator de la ONU Philip Alston, en su visita a los asentamientos en 2020.

Cuando no tienes papeles echas más horas. Por ejemplo, si haces 8 horas, tu jefe te pide más, porque él sabe que, al no tener papeles, no puedes escapar”, revela en un español esquemático Yaw Donkur, ghanés de 33 años que lleva un lustro en España. Él, al igual que unas 80.000 personas en Andalucía, sería beneficiario de la regularización extraordinaria que el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Tan lejos y tan cerca del Parlamento

Pocos lugares hay donde la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tenga tanto impacto como en los asentamientos chabolistas de Huelva. Aunque es difícil seguir el rastro de una población nómada que viaja por España en función a la temporada de recolecta.  Andalucía Acoge calcula que hasta 3.000 jornaleros pernoctan en toda la provincia a estas alturas de la temporada. 

El limbo jurídico-administrativo en el que viven se traduce en que solo una cuarta parte de los jornaleros que viven en los asentamientos chabolistas están empadronados. Los Ayuntamientos incumplen su obligación con unos trabajadores que, aunque lleven años siendo vecinas o vecinos, viven a la sombra. Andalucía Acoge denuncia que el 90 % de estas personas están en condiciones infrahumanas.  

“Lo más acuciante es la legalización, porque son personas requeridas a las seis  de la mañana en la rotonda para recogerlos y que trabajen en los campos, pero a las 18 horas de la tarde quieren que desaparezcan y no tenerlos a la vista”, dice el médico de la asociación solidaria La Carpa, Alfonso Romera, con años de asistencia humanitaria en “este contradiós que son los asentamientos”

Los ayuntamientos onubenses de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera o Lucena del Puerto llevan años sin solucionar el reto que suponen las ciudades de chabolas que son el anverso menos floreciente de las plantaciones de fresa. Los incendios y problemas de convivencia son recurrentes, lo que recientemente ha llevado a medidas en contra de estas viviendas por parte de los Ayuntamientos. 

Sin embargo, no hay alternativas habitacionales para unos jornaleros que, sin papeles, no pueden optar a viviendas regulares. “Al final, están convirtiendo el problema de chabolismo en uno de sinhogarismo, que es más grave”, señala Alfonso Romera. Insiste en que el problema “esencial es la carencia de papeles” que propicia un “fraude de ley”, al favorecer un sistema de producción agraria apoyado en mano de obra indefensa.

Una industria dopada por los 'sinpapeles' 

La fresa es uno de los principales argumentos económicos de la región. Este sector supone el 8% del PIB de la provincia y, en la última campaña, se exportó fruta por un valor de más de 550 millones de euros, según la Junta de Andalucía. La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) calcula que en Huelva se produce el 98% de los frutos rojos de España y el 30% de todos los de la Unión Europea. Para que esta maquinaria funcione se llega a emplear a unas cien mil personas, de las que un 30 % son extracomunitarias.  

“Hay muchísima precariedad laboral, todo el trabajo que se desarrolla en estos campos es en B”, explica desde otro de los asentamientos de Lucena del Puerto Verónica Ojeda, abogada de ACCEM, otra de las entidades que asiste a los asentamientos para su erradicación. Ojeda también espera que la ILP desemboque en mejoras sociales, ya que, al legalizar esta situación, “todas esas relaciones laborales -porque contractuales no existen-  se normalizarán”. 

“Los jornaleros, aparte de todos los beneficios que tendrían, accederán a la carga de la seguridad social. Eso es bueno tanto para ellos como para nuestro Estado”, calcula Ojeda. Según los promotores de la ILP, cada inmigrante que trabaja en España y está en el limbo jurídico aportaría tras la regularización un saldo neto anual de 3.400 euros al Estado.

La ILP pretende terminar con el vacío jurídico en el que se calcula que hay medio millón de personas en España. En su aprobación el nueve de abril contó con el respaldo de más de 600.000 firmas ciudadanas y de los grupos parlamentarios. Solo VOX se opuso. El Congreso ya ha iniciado los trámites para una nueva regulación que afecta especialmente a los campos de Huelva. En un plazo de seis meses, el Congreso debe dar a luz un nuevo Real Decreto de regularización. Hace 20 años que los “sinpapeles” en España no veían algo así.