Talidomida, caso pendiente
- #CRtalidomida
- La talidomida provocó en los años sesenta la mayor catástrofe de la historia relacionada con un medicamento.
- Nacieron miles de niños con graves malformaciones en las extremidades.
- España es el país donde más tarde se retiró del mercado.
- Las víctimas españolas denuncian un abandono vergonzoso.
FICHA TÉCNICA
Guión REYES RAMOS
Realización CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
Imagen VICENTE GIL
Sonido IRENE MARTÍN
Producción LOURDES CALVO, ANA PASTOR
“Sueño natural y despertar perfecto. Sedante hipnótico, sin toxicidad aguda y sin peligro de toxicomanía”.
Así se anunciaba en España, en diciembre de 1961, el medicamento “Softenón”, de la farmacéutica alemana Grünenthal. Su principio activo era “talidomida”, un ansiolítico supuestamente inocuo que la compañía patentó en 1954 y que decenas de miles de mujeres tomaron para aliviar las náuseas del embarazo.
Pocos días antes de la publicación de ese anuncio, dos científicos, el genetista Widukind Lenz y el radiólogo español Claus Knapp, habían descubierto los terribles efectos de la talidomida en el embrión humano si la madre tomaba el medicamento en la primera fase de la gestación.
En España se pudo vender talidomida cuando ya se conocían sus consecuencias
Entre un cuarenta y cincuenta por ciento de los bebés morían antes de cumplir un año. Los que han sobrevivido, son adultos con graves malformaciones en las extremidades. A veces, sin piernas o sin brazos, y con las manos pegadas a los hombros.
Avite, la Asociación que agrupa a las víctimas españolas, ha demostrado documentalmente que en nuestro país hubo medicamentos con talidomida autorizados hasta 1969.
El documento al que se refiere el vicepresidente de Avité está sellado por la Agencia Nacional del Medicamento. Confirma que hubo cuatro laboratorios, entre ellos Grünenthal, que fabricaron y vendieron talidomida en España. Y que las autoridades franquistas no sólo fueron negligentes a la hora de retirar el fármaco; llegaron a inscribir en el registro sanitario un producto con talidomida seis meses después de que la comunidad científica diera la voz de alarma.
“Los culpables deben asumir su responsabilidad y compensarnos”
Para las víctimas, hay dos responsables clarísimos: la farmacéutica alemana y el Estado español, que era el encargado de velar por la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Ninguno de los dos, denuncian, ha respondido a sus acuciantes necesidades.
Grünenthal sólo reconoce y compensa a diez afectados españoles, y para la administración, únicamente hay veinticuatro talidomídicos “oficiales”. Un número insólitamente bajo comparado con otros países europeos.
“Sólo tienen que esperar que nos vayamos evaporando uno a uno”
Quien lo dice es Manuel Bioque, de las víctimas que no está reconocida oficialmente. No cumple, por seis meses, el requisito de haber nacido entre 1960 y 1965.
Sabe que el futuro pinta mal, porque envejecen y se deterioran más deprisa. Necesitan prótesis nuevas cada poco tiempo, sillas de ruedas, casas acondicionadas, atención médica especializada...El horizonte, para muchos, es de una dependencia absoluta.
En 2011 las víctimas demandaron a Grünenthal. Ha sido un largo proceso judicial sin final feliz, por el momento. El Tribunal Supremo ha concluido que su caso está prescrito.
Al margen de la vía judicial, AVITE lleva mucho tiempo trabajando para que la Administración reabra el protocolo médico que cerró hace más de un lustro para evaluar a las posibles víctimas. Hay casos nuevos y, en su opinión, argumentos suficientes.
Grünenthal insiste que retiró “sus” productos del mercado a finales de 1961, nada más conocer las consecuencias de la talidomida sobre el feto.
“Cuando era niña, pensaba que era una pesadilla de la que podría despertar”
Ana Isabel del Castillo tiene los dos brazos más cortos, las manos malformadas, y le falta una pierna. Nació en 1974, muchos años después de que la talidomida se prohibiera. Pero sus malformaciones son las de una víctima de este medicamento. Y tiene pruebas genéticas, como otros muchos socios de Avite, que descartan otros síndromes con consecuencias parecidas.
Cuando mira a su infancia, recuerda episodios difíciles, como la primera vez que sus padres quisieron escolarizarla.
La Organización Médica Colegial ha sido uno de los últimos colectivos en adherirse a la causa de las víctimas españolas, asumiendo la parte de responsabilidad que pudiera corresponderles.
La batalla judicial está prácticamente perdida. Queda recurrir, primero al Tribunal Constitucional, y después al de Estrasburgo.
La última carta está en manos del poder ejecutivo, a quien por justicia histórica corresponde asumir los errores del pasado y ponerse al lado de las víctimas.
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