En portada: El puente de Bolívar
- Viajamos al punto fronterizo más dinámico de América latina: el puente Simón Bolívar, que une Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela)
YOLANDA SOBERO
Ficha técnica
Guión: Yolanda Sobero
Realización: Susana Jiménez Pons
Imagen/sonido: Alejandro Coves /Andrés Rojano
Montaje: Ricardo Lago
Dos grandes vallas publicitarias en el lado venezolano reciben a todo el que cruza el Puente Internacional Simón Bolívar. Una de ellas es la publicidad de una cadena de hamburguesas y pollo frío; la otra es de un supermercado, que asegura “Lo que necesitas está aquí” y las letras de ese ‘aquí’ están cubiertas con fotos de diversos alimentos.
Dados los comentarios que los venezolanos que cruzan al lado colombiano, sus mensajes parecen una cruel ironía. Ahora son ellos los que buscan en la otra orilla medios de subsistencia. Sin embargo, este gran flujo es nuevo, ya que Venezuela ha sido tradicionalmente el principal lugar de migración para los colombianos que han cruzado el Táchira en búsqueda de mejores oportunidades, de una vida mejor, de seguridad, de un lugar donde pudieran rehacer sus vidas destrozas por la violencia, por el largo conflicto colombiano.
El cierre de la frontera, ordenado por el presidente Nicolás Madura el 19 de agosto de 2015, va seguido de la expulsión de centenares de colombianos indocumentados, a los que se relaciona con el narcotráfico y las bandas armadas paramilitares, señaladas como responsable de haber herido, en una operación de contrabando, de haber heridos a 3 militares y un civil.
Muchos de estos colombianos deportados son dobles víctimas, ya que, desplazados por la violencia colombiana, buscaron refugio en la orilla venezolana. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en un informe sobre las fronteras, las autoridades venezolanas deportan a 1.950 colombianos y otros 22.302 deciden, temerosos, regresar a Colombia por paso informales, por las trochas.
La Defensoría no sólo enumera la vulneración de derechos por parte de las autoridades venezolanas (maltrato, separación de familias, destrucción de viviendas, privación de libertad, hurtos, destrucción de documentos, extorsión), sino también subraya la incapacidad del estado colombiano para responder a esta crisis humanitaria y paliar la situación de los deportados.
El “conflicto”
El conflicto colombiano sigue presente en esta frontera. Norte Santander, en el plebiscito por el acuerdo de paz con las FARC, la abstención alcanzo el 59% y el ‘no’ superó claramente al ‘sí’ (63,95% a favor del ‘no’ frente al 36.04% que respaldo del acuerdo), lo mismo que en Cúcuta (65.36% frente al 34,6%) o en Villa del Rosario (el ‘no’ alcanza el 76% y el ‘sí’, apenas el 24%). Y ello pese a que la violencia sigue presente en Norte Santander.
Un buen conocedor e investigador de esta zona y de su violencia es el periodista Jhon Jairo Jácome Ramírez, editor de la sección judicial del diario “La Opinión de Cúcuta”. Jhon Jairo nos comenta que en la zona de Villa del Rosario-La Parada-Cúcuta han operado todas las bandas activas en el departamento. Entre 1999 y 2004, fue territorio controlado por los paramilitares, uno de cuyos comandantes, Armando Rafael Mejía Guerra, alias ‘Hernán’, instaló unos hornos para quemar y hacer desaparecer a sus víctimas.
Hace unos meses, cumplida su prisión tras haberse desmovilizado, la guerrilla del ELN lo mató. Entre 2004-2007, el control estuvo en manos un grupo neo paramilitar, las Águilas Negras. Entre 2007 y 2011, dominaron los Rastrojos, y, luego, los Urabeños (ahora Clan del Golfo). Ahora, deshechos y/o fraccionados estos grupos, no se sabe muy bien quién manda.
Un nuevo competidor puede ser, a juicio de Jhon Jairo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que nació en la periferia de Cúcuta y que se mueve a ambas orillas del Táchira. Hasta ahora el ELN se ha involucrado en el robo de combustible (del que saca un derivado, pata’e grillo, que utiliza para procesar coca) y en el narcotráfico y quizás esté viendo en la extorsión de contrabandistas una nueva fuente de ingresos.
“Barrios de invasión”
“Fortaleza”, “Nueva Ilusión”, “Talento”, “Nueva Esperanza”. Optimistas nombres de barrios de la periferia de Cúcuta en los que no habitan familias más o menos pudientes, sino familias que no tienen otro lugar en el que poder vivir. Son asentamientos precarios e ilegales en los que moran los expulsados por la violencia política, social y/o económica. Invasiones en las que siempre se encuentra una mano amiga que ayude con su trabajo o con precarios materiales a levantar la precaria vivienda del recién llegado.
Aquí viven miles de familias de desplazados del largo conflicto colombiano y de deportados tras el cierre de frontera. Según nos cuenta David Umaña, que trabaja, desde hace años, con sus gentes, sus principales formas de subsistencia son la minería del carbón, muchas de ellas ilegales. Pese a su magro salario, pueden considerarse afortunados, ya que tiene un ingreso mensual. Otra fuente de ingreso son las maquilas, pero muchas mujeres, al cerrar la frontera, perdieron sus puestos en Venezuela y sus insignificantes sueldos. El medio de subsistencia más habitual es el trabajo informal.
En estos barrios, también hay muchas familias venidas de Venezuela. Según David Umaña, aquí no se sienten rechazados ni extraños. “Aquí nunca se les aparta por ser venezolanos. Las personas de aquí, criminales o no, siempre les dan bienvenida y acogida porque los identifican como iguales. A diferencia de la mayor parte de Colombia, que identifica a los venezolanos como ladrones, como personas que abusan de nuestra hospitalidad. Y eso es una gran mentira. La pobre gente de aquí sabe que eso no es así”.
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