Nuevo curso, nueva ley

Comienzo del curso escolar 2021-22 en un centro educativo de Logroño (La Rioja).

Mas de 8 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias han empezado las clases en colegios e institutos. En este nuevo año escolar empezarán a aplicarse, en los cursos impares, algunos de los principales cambios de la Lomloe, la actual ley de Educación. Un equipo de Informe Semanal ha hablado de esos cambios con alumnos y profesores de varios centros y también con padres y expertos en Educación. "La palabra a lo mejor no debería ser caos, pero casi estamos rozando esa palabra", asegura Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA. Se refiere a las incertidumbres con las que ha empezado el curso en algunas zonas. Cuando se inició, siete comunidades autónomas no habían publicado la normativa que desarrolla la ley, y tampoco los programas.

Uno de los cambios mas destacados es la forma de aprender y de evaluar, por competencias, con mas equilibrio entre el conocimiento de la teoría y la práctica y menos peso de la parte memorística. "Se valora mas el trabajo del día a día, que no toda la nota sea el examen, sino diferentes proyectos, trabajar diferentes temas, que ellos también investiguen", nos cuenta Marisa Cuevas, profesora de Lengua y Literatura en el instituto Margarita Salas de Seseña, en Toledo. La digitalización se abre paso en los nuevos programas, que incluyen también nuevos enfoques transversales en contenidos relacionados con la inclusión, el cambio climático o la igualdad de género.

A partir de ahora, repetir curso será algo excepcional, y en secundaria se podrá pasar con dos suspensos. "En España, a los 15 años, casi un 30 por ciento de los alumnos ha repetido", afirma el sociólogo Mariano Fernández Enguita, y eso, concluye "no tiene sentido". Es un tema que levanta polémica. "La repetición reduce la motivación, reduce el esfuerzo...reduce el aprendizaje, es decir, en promedio es mala para los alumnos", opina el economista Lucas Gortazar. "El foco lo tenemos que poder en que los estudiantes estén aprendiendo", insiste el pedagogo Jesús Manso, que alerta de que no se puede quitar la repetición "sin garantizar que estamos implementado medidas que garantizan los aprendizajes de esos estudiantes".

Los miedos por la vivienda

El número de pisos ocupados ilegalmente se estabiliza, pero se mantiene la alarma frente a esas actuaciones, que afectan sobre todo a viviendas de bancos. Según la fiscalía, los datos de 2021 son muy similares a los del año anterior. Se abrieron 83 procesos por allanamiento de morada -el delito que se comete con la ocupación ilegal de viviendas de particulares- y por 9.739 usurpaciones, el término jurídico que se emplea cuando se trata de viviendas o locales propiedad de bancos, sociedades o fondos de inversión. Un equipo de Informe Semanal en Cataluña analiza con expertos y ciudadanos afectados las causas y consecuencias de la ocupación ilegal.

Carla Yamileth Henríquez, tuvo que pagar 1.000 euros para poder ocupar, junto con dos hijos y su prima, un piso de la SAREB en Ciutat Meridiana, el barrio de menor renta per cápita de Barcelona. Dice que no le daban un alquiler social porque no tenía ingresos. Le han anunciado el tercer desahucio para la próxima semana y se pregunta dónde ir, "porque habitaciones con niños no alquilan...No queda otra que meterse en un piso de ocupa...es lo que hay". Carla es una de las caras del problema de la ocupación ilegal. Otra es José Luis Ruiz Castillo, ingeniero y poeta. Encontró su casa de la Barceloneta ocupada por dos desconocidos cuando volvía de comer. La juez le dio pronto la razón pero le costó un calvario recuperar su vivienda, que ha sufrido un nuevo intento de ocupación, esta vez frustrado. "No se puede vivir con el miedo diario encima del cuerpo. Eres carne de psiquiátrico", asegura.

España se ha convertido en el principal mercado de alarmas de Europa, según nos cuentan en Securitas Direct, una de las empresas líderes del sector. Un estudio que ha hecho la oficina de la vivienda del ayuntamiento de Valencia concluye que solo un 1 por ciento de las viviendas ocupadas ilegalmente son propiedad de ciudadanos particulares.  Echando de mano de experiencia y conocimiento, Diego Álvarez de Juan, juez de instrucción de Reus, y también juez decano, afirma que la alarma por la ocupación es exagerada y sostiene que los medios legales que existen son suficientes para hacerle frente.

Detrás de muchos casos de ocupación se encuentran situación de exclusión. Pero los elevados precios y la falta de viviendas sociales hacen que también a muchos con ciudadanos con pocos ingresos, entre ellos los jóvenes, les resulte casi imposible tener un techo digno. En el Congreso está atascada la nueva ley de vivienda remitida hace varios meses por el gobierno. Las diferencias que mantienen en algunos puntos importantes sus dos socios, socialistas y Unidas Podemos, hacen complicado que la ley pueda salir adelante en un breve plazo.