Casi 300.000 personas en la provincia de Málaga no pueden acceder a una vivienda, según un informe reciente del sindicato Comisiones Obreras. El Ayuntamiento de la ciudad intenta limitar los pisos turísticos. Las entradas y suministros tienen que ser independientes del resto. Pero según la plataforma Málaga para Vivir no está habiendo cambios reales y la marcha de vecinos implica, para los que se quedan, una pérdida de identidad y una merma en los servicios.
Foto: Miles de personas se manifiestan en Málaga, Sevilla y Cádiz para pedir soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda digna (EFE/Álvaro Cabrera)
Una vivienda asequible es aquella que no supone destinar a su alquiler mas del 30 por ciento de los ingresos familiares. En ciudades como Madrid o Barcelona, solo dos de cada 10 viviendas de alquiler responden a este requisito. El alquiler social apenas representa el 1,5 por ciento del mercado de alquiler, es decir, 300 mil viviendas. Las estimaciones del Bando de España calculan que hacen falta 2 millones de vivienda asequible de aquí al 2030 para hacer frente a la creación de hogares. La colaboración pública-privada será clave en este reto. Sin embargo, hace falta captar dinero de fuera, porque aquí no hay, y los fondos no invierten si no ven rentabilidad
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, reconoce que llevan mes y medio hablando con Hacienda de los presupuestos y se muestra confiada en que estén aprobados en febrero. Reconoce que Podemos lo está poniendo difícil condicionando su apoyo, entre otras cosas, a que se obligue a rebajar los alquileres en un 40%, una medida que cree "muy difícil de llevar a cabo". Aizpurua está convencida de que Junts acabará apoyando la reforma de la ley mordaza que llega el martes al Pleno y dice que no tiene por qué desconfiar de que el PSOE no vaya a cumplir con lo comprometido.
Bildu reconoce que salió decepcionado de la comparecencia de la ministra de Vivienda. Recuerda que la ley solo se está aplicando en una comunidad, que es Cataluña, y que allí se ha visto que ha dado buenos resultados. Sobre el decreto que cambia las mayorías en RTVE, Aizpurua dice que lo ven bien, pero rechazan que quieran un puesto en el Consejo de Administración: "No es de nuestro interés". Respecto al 'caso Koldo', la portavoz rechaza "la utilización torticera" que se está haciendo y avisa al PSOE de que debe ser escrupuloso: "Corrupción cero, sea el partido que sea, hay que investigar hasta las últimas consecuencias".
Se ha puesto la primera demanda contra la Sareb por incluir posibles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler social. La ha presentado una vecina de Madrid junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Denuncian que se está incumpliendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, algo que rechaza el llamado banco malo.
El Gobierno propone blindar el parque público de vivienda para que no se puedan vender a precio libre. Es una de las propuestas que ha vuelto a poner sobre la mesa la ministra, Isabel Rodríguez, que ha comparecido este miércoles en el Congreso. Lo pidieron los socios del Gobierno, que presionan y exigen medidas más contundentes.
En 24 horas de RNE, abordamos la problemática de la vivienda con Susana García Bujalance, arquitecta urbanista y directora de la consultora 'Laboratorio de Urbanismo': "Hay mucha cantidad de suelo que requiere una tramitación que se hace eterna, pero no porque haya mucha regulación, sino por la falta de eficiencia en los procedimientos y luego una necesidad de digitalización para que todo vaya mucho más rápido".
"Yo empezaría por llegar a un acuerdo social. Un problema estructural no se resuelve haciendo una ley que solamente apoya a una parte de la sociedad, de la economía y de los agentes implicados". La arquitecta urbanista ha explicado que el problema de la vivienda es el final de un iceberg que atraviesa muchos planos, no solamente en la construcción de la inversión inmobiliaria, sino también en la movilidad, en las conexiones con el resto de España o inversiones en muchos sectores económicos del lugar en el que se construye. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.
El último informe del Banco de España analiza el alza de los precios en la última década, que aprieta especialmente a jóvenes, población extranjera y a hogares precarios. Así, observa que el número de caseros particulares, que no son grandes propietarios, ha aumentado "de manera sustancial" hasta poseer más del 90% de las viviendas arrendadas a precio de mercado, frente al 8% de las que pertenecen a sociedades, según datos de 2021.
El Gobierno ha avanzado el reglamento sobre alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, que creará un registro único para evitar los fraudes. Por ello, si el casero no se registra previamente, no podrá comercializar su vivienda. En 24 horas de RNE, Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, ha reaccionado a la noticia: "Todo lo que sea incrementar la transparencia y la cantidad de información está bien. La pregunta es: ¿hasta qué punto esto va a funcionar para reducir el mercado no licenciado de este tipo de pisos".
Para Jorge Galindo, la clave se encuentra en sí esta nueva normativa se puede trasladar a las plataformas en las que se comercializa este tipo de pisos. El director adjunto de EsadeEcPol, ha resaltado la necesidad de buscar soluciones creativas para la problemática de la vivienda: "Una cuestión que deberíamos considerar en España es la falta de residencias universitarias que existen. También es posible que queden algunas viviendas vacías para rehabilitar, tendría sentido explorar esto". Escuchar la entrevista completa en RNE Audio.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha criticado este martes el bono alquiler que pretende impulsar el Gobierno en La Hora de La 1. Considera que "solo sirve para incrementar la burbuja de los precios inmobiliarios". Además, tras su reunión con el líder del PP, Núñez Feijóo, este lunes ha indicado que no ve a los populares "muy en la labor para reducir la jornada laboral" y que están analizando sus medidas de conciliación. "A mí me parece bien que el PP se sienta interpelado a hablar de estas cosas", ha dicho Sordo, que cree que España necesita "pactar una gran estrategia de cuidados".
Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas; Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro y Leandro Escobar, profesor de la Universidad de Comillas abordan el descontento social que se ha generado por los elevados precios del alquiler en España.
Asimismo, debaten sobre los posibles efectos que tendría que los inquilinos e inquilinas dejaran de abonar sus cuotas como forma de protesta hasta que se tomaran las medidas que piden, así como si es probable que se pueda producir una huelga por esta cuestión.
El Gobierno asegura que toma nota de la multitudinaria manifestación de ayer Madrid reclamando una vivienda digna. Pedro Sánchez, que ha confirmado que mañana se aprueban otros 200 millones para el alquiler joven, promete contundencia y medidas urgentes. Sumar, socio de coalición, le pide que se intervenga el mercado.
El BOE publica hoy las nuevas 131 zonas tensionadas que ha solicitado la Generalitat de Cataluña para poner coto al alquiler. Pablo Pérez Ruiz es investigador y coautor del informe De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Este estudio señala que el porcentaje de personas que optan por el alquiler ha subido del 13 al 19% en 15 años.
Pérez señala que desde 2008 se ha vivido un "gran cambio de época". Un cambio que ha supuesto un aumento de la población inquilina. Una población inquilina que no es solo joven: "Un tercio de las personas de entre 30 y 44 ya viven de alquiler. En números absolutos, por porcentajes de población, la mayoría de la población inquilina tiene más de 35 años".
"Lo que vemos en este estudio es que el alquiler se está cronificado, ya es una cuestión temporal. Además, la mayoría de inquilinos no creen que vayan a poder comprar una vivienda y tampoco tienen expectativas de herencia", señala el investigador. Esto, explica, puede señalar desigualdades o una brecha social, con una población inquilina cronificada y otra parte de la población que va acumulando propiedades y recibiendo rentas.
Según el estudio del IDRA, existe una distribución cada vez más asimétrica de la vivienda en propiedad. Las soluciones que suelen ponerse sobre la mesa "no están atendiendo a la raíz del problema", explica el investigador. "Uno de los puntos que tratamos en el informe es que la demanda de vivienda está artificialmente hinchada". Pablo Pérez indica que en el estudio también se preguntan quién está comprando grandes cantidades de viviendas realmente y "quiénes nos estamos quedando sin acceso a una".
¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo se puede atajar la falta de vivienda? ¿Qué ocurre con los grandes tenedores? Entrevista completa en RNE Audio.
