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En un nuevo movimiento para tratar de poner coto al abuso de los alquileres turísticos, Consumo ha abierto un expediente sancionador a la plataforma Airbnb tras no haber retirado los miles de anuncios ilícitos, a pesar de haber recibido el aviso hace más de cinco meses. Ahora se enfrentan a multas que podrían sobrepasar los 100.000 de euros. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Recu, valora en 24 horas de RNE la apertura de este expediente. Recu considera que esta propuesta de sanción es "un paso adelante" porque, dice, "por fin el Gobierno está reconociendo que estas empresas no dejan de ser la punta de lanza de cómo funciona el mercado de alquiler". Desde el Sindicato de Inquilinas tachan a los portales como Airbnb de "viviendas especializadas en desojar a las ciudades de casas para la clase trabajadora", por lo que los señalan como su "enemigo número uno", junto a las inmobiliarias.

Recu denuncia que las instituciones públicas podrían hacer "muchísimo más" para poner solución a esta situación, por lo que exige "políticas valientes" que prohíban este tipo de empresas. Además, señala que, según los datos, la mitad de las personas que viven de alquiler están "en riesgo de exclusión". "Tenemos que parar de una vez por todas la impunidad con la que actúa el rentismo [...] Necesitamos acabar con los alquileres turísticos y temporales", concluye.

Según el último informe del comparador Sin Comisiones, para adquirir una propiedad en la isla de Gran Canaria, una persona soltera debe ahorrar durante más de 11 años para alcanzar el 30% del precio de la vivienda. La oferta de casas es muy escasa y el suelo no se libera. Además, el Gobierno autonómico no construye viviendas de promoción pública. Las personas que ahorran en pareja, con un salario medio, tienen mayores posibilidades de acceder a un piso de 80 metros cuadrados en Canarias. El precio de la vivienda en las Islas Canarias ha aumentado entre un 45% y un 50% desde 2015, mientras que los salarios solo lo han hecho en un 15%.

Foto: Las Palmas de Gran Canaria (Getty Images)

Nueve de cada diez inquilinos en Madrid y Barcelona tienen contratos de alquiler temporales y a un precio de mercado, una dinámica que les deja a merced de posibles variaciones especulativas y que genera inseguridad residencial.

Así lo revela el nuevo informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y que arroja cómo las políticas públicas de alquiler han disparado la inseguridad residencial y la precariedad económica, especialmente en Madrid y Barcelona.

El propietario de una vivienda puede venderla aunque la tenga alquilada. En todo caso, deberá cumplir una serie de requisitos relativas a los plazos y la forma en la que se debe comunicar la intención de vender. El inquilino siempre tendrá el derecho de tanteo para poder ser él quien realice la compra de la vivienda en la que está viviendo. También hablamos de las derramas en las comunidades de propietarios y cómo funcionan.

Miles de personas se han manifestado en Barcelona para exigir una bajada del 50% de los alquileres y para llamar a una huelga si no mejora la situación habitacional. También reivindican promover contratos indefinidos, recuperar viviendas para el uso residencial y prohibir la compra especulativa.

Foto: Manifestación para exigir una bajada de los alquileres en Barcelona (EFE/Enric Fontcuberta)

Casi 300.000 personas en la provincia de Málaga no pueden acceder a una vivienda, según un informe reciente del sindicato Comisiones Obreras. El Ayuntamiento de la ciudad intenta limitar los pisos turísticos. Las entradas y suministros tienen que ser independientes del resto. Pero según la plataforma Málaga para Vivir no está habiendo cambios reales y la marcha de vecinos implica, para los que se quedan, una pérdida de identidad y una merma en los servicios.

Foto:  Miles de personas se manifiestan en Málaga, Sevilla y Cádiz para pedir soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda digna (EFE/Álvaro Cabrera)

Una vivienda asequible es aquella que no supone destinar a su alquiler mas del 30 por ciento de los ingresos familiares. En ciudades como Madrid o Barcelona, solo dos de cada 10 viviendas de alquiler responden a este requisito. El alquiler social apenas representa el 1,5 por ciento del mercado de alquiler, es decir, 300 mil viviendas. Las estimaciones del Bando de España calculan que hacen falta 2 millones de vivienda asequible de aquí al 2030 para hacer frente a la creación de hogares. La colaboración pública-privada será clave en este reto. Sin embargo, hace falta captar dinero de fuera, porque aquí no hay, y los fondos no invierten si no ven rentabilidad

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, reconoce que llevan mes y medio hablando con Hacienda de los presupuestos y se muestra confiada en que estén aprobados en febrero. Reconoce que Podemos lo está poniendo difícil condicionando su apoyo, entre otras cosas, a que se obligue a rebajar los alquileres en un 40%, una medida que cree "muy difícil de llevar a cabo". Aizpurua está convencida de que Junts acabará apoyando la reforma de la ley mordaza que llega el martes al Pleno y dice que no tiene por qué desconfiar de que el PSOE no vaya a cumplir con lo comprometido.

Bildu reconoce que salió decepcionado de la comparecencia de la ministra de Vivienda. Recuerda que la ley solo se está aplicando en una comunidad, que es Cataluña, y que allí se ha visto que ha dado buenos resultados. Sobre el decreto que cambia las mayorías en RTVE, Aizpurua dice que lo ven bien, pero rechazan que quieran un puesto en el Consejo de Administración: "No es de nuestro interés". Respecto al 'caso Koldo', la portavoz rechaza "la utilización torticera" que se está haciendo y avisa al PSOE de que debe ser escrupuloso: "Corrupción cero, sea el partido que sea, hay que investigar hasta las últimas consecuencias".