El Gobierno invertirá más de 20 millones de euros en la construcción de 5.000 viviendas sociales cuyo alquiler no podrá superar los 400 euros. Se pretende así aumentar la oferta para atajar el alza de los precios.
Los precios de los alquileres han subido un 15% en la primera mitad de 2018. Los inquilinos se quejan de las exigencias abusivas de los propietarios, que por ejemplo para un alquiler de 750 euros llegan a pedir tres meses de fianza más el mes de alquiler y el mes de agencia lo que supone más de 3.000 euros en efectivo solo para entrar a vivir. Denuncian además que muchos dejan de ocuparse de la conservación y mantenimiento de las viviendas.
El Gobierno prepara una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal que permitirá a los vecinos negarse a que en su comunidad haya pisos turísticos. Para ello, no se necesitará la unanimidad de todos los vecinos, sólo hará falta una mayoría de 3/5. Además, se creará un mapa de pisos de alquiler.
No podían hacer frente al alquiler porque solo perciben una pensión no contributiva y dejaron su casa con lo puesto. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que el juzgado debería haber informado a servicios sociales de su situación de vulnerabilidad.
El Gobierno definirá primero qué se considera un piso vacío y cuantificará los que hay en España para estimular, dicen, la salida al mercado de las viviendas que se mantienen cerradas para especular. La finalidad, apuntan, es que la vivienda cumpla su función social y deje de ser un bien para invertir. La secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, señala que "en ningún caso" es voluntad del Gobierno que haya multas o sanciones para aquellas viviendas que puedan ser una vivienda vacacional o de un pequeño propietario. Para ello, señala, diferenciará entre propietarios de viviendas y grandes inversores. El sector rechaza estas penalizaciones.
El impago de la cuota mensual es el principal miedo al que se enfrenta cualquier propietario que alquila su vivienda. De ahí que la lista de requisitos que el casero exige a sus inquilinos llegue a ser muy amplia y que la gran mayoría tenga por objetivo demostrar la solvencia de estos. Con el objetivo de asegurarse la renta mensual, está proliferando la figura de los seguros contra el impago del alquiler, una fórmula que garantiza al propietario el cobro del alquiler cuando fallen sus inquilinos.
Combate así el encarecimiento de los pisos por el auge de plataformas como Airbnb. La norma se hará definitiva en julio, cuando termina la moratoria de un año impuesta por el Consistorio.
España ha sido y todavía es un país de propietarios. Llevamos el ladrillo en el ADN. Sin embargo, en los últimos años, la tendencia está cambiando. Los sueldos bajos, la falta de estímulos fiscales y el endurecimiento de las condiciones para acceder a una hipoteca han dejado a miles de familias sin la opción de comprar. Esto, sumado a la elevada rentabilidad del alquiler, está generando una nueva burbuja que han analizado en Las mañanas de RNE con Julio Rodríguez, doctor en Económicas y estadístico del Estado; Irene Sabaté, miembro del Sindicat de Llogaters y Javier Gil, investigador y sociólogo de la UNED.
