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La magistrada Beatriz Biedma apoya su denuncia en informes de la UCO que relatan que la exmilitante socialista Leire Díez y sus presuntos socios buscaban apartarla del caso David Sánchez. En el último, la Guardia Civil aporta notas manuscritas y electrónicas donde se lee "Hay que destruir el procedimiento del hermano".

También según la UCO, el exjuez Sáenz de Tejada, inhabilitado, colaboraba con la trama y llegó a contactar con un presunto clan del narcotráfico en Badajoz. La Guardia Civil ha interrogado a una persona de ese entorno que ha declarado que el exmagistrado transmitió que la jueza Biedma era "un grano en el culo" y que "había que eliminarla".

El PP ha registrado este martes un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal, según ha anunciado el partido en un comunicado. "Este es el fruto de la legislatura. Mantenerse en el Gobierno no para mejorar España sino para defenderse de todos estos casos de corrupción que invadía el entorno del partido del Gobierno y de la familia de Pedro Sánchez", ha dicho la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en el Congreso.

Foto: Fernando Sánchez / Europa Press

Conversaciones con José María Brunet

Baltasar Garzón. 'Cuando el Supremo no es imparcial'

En la serie de podcast sobre Memoria y retos de España ha participado un buen número de juristas, sobre todo jueces, magistrados y catedráticos de distintas ramas del derecho. Ahora queremos unir a aquellas voces las de un abogado en ejercicio, en busca de una nueva perspectiva, en el bien entendido de que se trata de alguien que también perteneció a la carrera judicial desde 1981 hasta 2012, con un breve paréntesis de dedicación a la política, en la última etapa de Felipe González, entre 1993 y 1994. Nuestro invitado es el exjuez Baltasar Garzón –Torres, Jaén, 1955-, quien estuvo al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta que en el citado año de 2012 el Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, por haber autorizado escuchas telefónicas entre los acusados del caso Gürtel –una trama de corrupción en el seno del PP- y sus abogados. Durante ese largo período a Garzón se le consideró como la máxima expresión de la figura del juez estrella, por su continuada presencia en los medios de comunicación y, en definitiva, por su protagonismo. Nuestro invitado lo tuvo sobre todo por la importancia de los asuntos que investigó, relacionados con el narcotráfico, el terrorismo y la justicia en su dimensión más internacional, como los casos relativos al dictador chileno Augusto Pinochet o al periodista Julian Assange. Ahora, Garzón lleva ya catorce años de labor como abogado, con todo el bagaje acumulado de su experiencia como juez. Hablamos con nuestro invitado sobre sus conclusiones en torno a las relaciones entre política y justicia, sobre todo en la reciente etapa de la vida española, cuando se suceden los casos en que se cuestiona la imparcialidad de los tribunales. También nos interesa de esta etapa reciente de Garzón como letrado sus reflexiones sobre las posibilidades que existen para llevar ante la justicia internacional a los autores de delitos de lesa humanidad o genocidio.

El mismo día en que se cumplen dos meses de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad Autónoma de Ceuta, su presidente, Juan Jesús Vivas, ha sido el primer alto cargo en testificar ante la jueza que investiga el caso en la Audiencia Nacional, María Tardón.

A la salida de esa cita, Vivas se ha mostrado "satisfecho" y ha desvelado que ha contestado a todas las preguntas, procurando ser "honesto".

El presidente de la ciudad autónoma ha desvelado que en los días previos a lo que ha calificado como "invasión" quiso comunicarse hasta en diez ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero solo fructificaron tres de esos intentos, en que recibió respuesta del jefe de gabinete del presidente.

Imagen: Gustavo Valiente / Europa Press

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha enviado un escrito al juez Calama para aclarar el origen de las joyas encontradas en su despacho durante el registro del pasado 19 de mayo. Lo hace después de que el magistrado le diera tres días de plazo para aportar esa documentación.

En ese texto asegura que las joyas fueron un regalo personal del rey de Arabia Saudí, que recibió en su vivienda del Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid en junio de 2007. Regalo que dice, aceptó por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto. Desvela, además, que las joyas han permanecido guardadas, durante todos estos años, junto a otras de origen familiar y regalos de amigos, sin uso ni destino alguno y sin que fuera consciente de su valor material.

El expresidente ha relatado en su escrito que, un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, pidió por carta al jefe de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí que confirmara que se había tratado de un regalo estrictamente personal, pero todavía no ha recibido respuesta. Por ese motivo plantea al magistrado que si requiere más explicaciones solicite comisión rogatoria a ese país.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado del caso Plus Ultra, ha citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.

Imagen: EFE/Fernando Villar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este jueves a la Audiencia Nacional que "se pronuncie cuanto antes" sobre la instalación de un campamento para migrantes en el puerto de Ceuta, después de que lo haya paralizado de manera cautelar. En una entrevista en La Hora de La 1, Puente ha recordado que instalar el campamento en el puerto fue la primera opción, pero que inicialmente el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo descartó, al igual que descartó el uso de polideportivos, por lo que al final se volvió a la primera idea y Vivas, ha asegurado, la había aceptado estando "plenamente informado".

La Audiencia Nacional suspende el campamento para inmigrantes que se estaba instalando en el Puerto de Ceuta. Es un terreno que depende solo del Gobierno central, que tomó la decisión sin acuerdos entre el Ejecutivo y la ciudad autónoma. Un sindicato policial, el SUP, recurrió la decisión del Gobierno a los tribunales pidiendo que se frenara la instalación de las carpas por estar en una infraestructura crítica. Y la Audiencia Nacional, ha atendido esa petición.

Foto: Diego Marquez / EFE