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Algunas decisiones políticas tomadas durante la pandemia y fraudes relacionados con la gestión han acabado años después en los tribunales. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer decreto del estado de alarma, fallo que fue revocado el pasado diciembre al cambiar la mayoría del tribunal.

También las irregularidades en la adquisición de mascarillas o PCR en los peores momentos de la pandemia han llenado un importante capítulo judicial por el cobro excesivo de comisiones. Algunos juicios que hoy se están llevando a cabo tienen su origen hace cinco años, cuando estalló la crisis del covid-19.

Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, reconoció ante el juez que acompañó al exministro en "varios viajes oficiales" y que creía que su piso lo pagaron él y su exasesor, Koldo García. Así consta en la trascripción de su testimonio, al que ha tenido acceso RTVE.

La joven testificó el pasado 27 de febrero ante el instructor del caso, que investiga el presunto cobro de mordidas por parte de Ábalos y de Koldo García, a cambio de la adjudicación de contratos públicos de obras y para la compra de material sanitario en plena pandemia.

El Partido Popular ha borrado de sus redes sociales un vídeo que denunciaba "la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez". El vídeo, titulado La isla de las corrupciones era una parodia del programa de televisión La isla de las tentaciones y mostraba imágenes creadas por inteligencia artificial de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Koldo García o el fiscal general del Estado, todos ellos en bañador y en playas de la República Dominicana, país donde se graba el programa original.

El montaje no ha gustado al país caribeño, que ha emitido un comunicado en el que critica la "inaceptable instrumentalización de la imagen del país".

Sánchez ha asegurado que siente "mucha vergüenza" y ha pedido perdón en nombre de España. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, también se ha disculpado con la República Dominicana por si "se han sentido ofendidos por verse vinculados con la trama de corrupción que salpica al Gobierno de España", aunque ha celebrado que "el vídeo ha tenido mucho éxito en redes sociales".

El Gobierno de República Dominicana ha considerado "inaceptable" el vídeo que el PP ha publicado en redes sociales para denunciar la "corrupción del Ejecutivo español" y en el que se califica a República Dominicana de "isla de las corrupciones". "Es inaceptable la instrumentalización de la imagen del país, desnaturalizando sus símbolos patrios, y peor aún, para asuntos internos de la política española", ha criticado la cancillería dominicana.

Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero, ha negado ante el Tribunal Supremo haber recibido 25.000 euros procedentes de la trama del caso Koldo. El presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, aseguró que dio a Koldo García ese dinero en un sobre para que se lo entregara a Moreno como "detalle" y gesto de agradecimiento por el aplazamiento de una deuda tributaria de una de sus empresas. Moreno sí que ha reconocido haber mantenido conversaciones con Aldama, aunque sobre otros temas.

También ha declarado el hermano de Koldo, Joseba García, quien ha negado que fuese el responsable de la contratación de Jéssica, exnovia de Ábalos, en dos empresas públicas. Por su parte, Víctor Ábalos, hijo del ministro, ha rechazado las acusaciones de Aldama contra él y se ha quejado de que se investigue su patrimonio, porque acude al Supremo en calidad de testigo y no de investigado.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado en el Congreso, en su llegada al Tribunal Supremo, donde estaba citado a declarar como investigado por el 'caso Koldo'. El que fuera número tres del PSOE ha llegado en taxi acompañado de sus abogados, igual que hizo en su última comparecencia del 12 de diciembre. En su anterior declaración, Ábalos negó haber cobrado comisiones del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores políticos o contratos públicos durante su etapa como ministro. Al citarle, el magistrado Leopoldo Puente apuntó a la posibilidad de celebrar una comparecencia tras su declaración para valorar si es necesario adoptar medidas cautelares contra el exministro, a petición de las partes.